Montero plantea a Andalucía seguir el 'modelo catalán' para mejorar su financiación tras descartar un fondo de nivelación

Este preacuerdo entre el PSC y ERC establece una «financiación singular» para Cataluña, con un modelo de negociación bilateral y con un «nuevo paradigma del modelo» que conlleva que Cataluña gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos y que aporte un porcentaje al Estado en compensación por sus gastos y una cantidad destinada a la solidaridad entre comunidades aunque «limitada por el principio de ordinalidad». Este nuevo marco que hizo posible la investidura de Illa, abre un modelo por definir que la ministra defendió ayer que no «supone un nuevo concierto como el vasco ni una reforma al uso del sistema de financiación» y que será «muy bueno para Andalucía».

Se basa la ministra en la literalidad del acuerdo firmado. En él no se garantiza potestad normativa propia (como sí tiene el País Vasco), no se certifica una salida del sistema general de financiación y se introduce el concepto de solidaridad que no está presente en los conciertos recogidos por la Constitución. A esto hay que añadir que está todo condicionado a reformas legislativas en el Congreso y a una mesa de negociación que ahora está formada por el PSOE y por el PSC, sin presencia independentista. Tampoco se concreta que tenga que ser un régimen exclusivo catalán.

El preacuerdo está por desarrollar y por definir hasta dónde llegará, pero de momento la ministra sí volvió a dejar claro que entre las medidas que están encima de la mesa en este nuevo contexto autonómico para contribuir a una mejora de la financiación andaluza no está la puesta en marcha del fondo de nivelación de 3.000 millones de euros que reclaman Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia y que viene avalado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. 1.400 millones irían para Andalucía.

«Esa propuesta implica que se lleve la financiación autonómica a una media en función de la población y que se no se tengan en cuenta criterios como la insularidad o el territorio. Iría en contra del propio sistema actual», explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien incidió en que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades autónomas no avalaron esta iniciativa cuando se presentó y que no hay consenso para un reparto de la financiación autonómica por habitante que, según su relato, sería la base de este fondo de nivelación pedido por Andalucía.

No obstante, el cálculo del fondo de nivelación no se realiza exclusivamente por población, sino en función de la «población ajustada» que tiene en cuenta la corrección del 3% por factores como la edad media, la insularidad o la superficie. Y teniendo en cuenta todas estas variables consensuadas en 2009, hay cuatro comunidades que reciben menos dinero, según las estimaciones de Fedea, de lo que les correspondería por habitante. Esos mismos factores correctores son los que Ministerio trató de modificar sin éxito en 2021 para incrementar su peso e introducir otros elementos adicionales tal y como el Parlamento andaluz aprobó en 2018.

Asimismo, la propuesta de las cuatro comunidades infrafinanciadas no supone reasignar los fondos, sino inyectar una cuantía adicional al sistema, que se estima en torno a los 3.000 millones de euros a repartir sólo entre estas cuatro comunidades, de forma que ninguna región reciba menos que hasta ahora, aunque sólo cuatro suban.

Pese a descartar esta vía la ministra sí reconoció la necesidad de un cambio del sistema de financiación, tal y como por ejemplo aprobó el Parlamento andaluz siendo ella consejera de Hacienda en 2018, para «recortar las diferencias entre las comunidades autónomas que reciben más financiación en relación con la población» que superan los 800 euros por habitante entre Cantabria, Baleares o La Rioja (que son quienes reciben más dinero por habitante) y Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía (que están a la cola).

Cerrada la puerta del fondo de nivelación para Andalucía, la ministra dejó entrever dos vías que puedan derivar del acuerdo catalán. Por un lado, un nuevo modelo con más autogobierno para las comunidades y, por tanto, menos competencias exclusivas estatales que deriven en un sistema con un nuevo equilibrio vertical (menos peso del Estado y más de las autonomías), un planteamiento que se puso encima de la mesa por ejemplo en el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018. No sería un «cambio del modelo al uso» sino un nuevo modelo. No sería la primera vez que todo el sistema se alterara tras un acuerdo entre el Gobierno de España y Cataluña. Así arrancó de hecho el sistema de 2009.

Por otro lado, la ministra instó a autonomías como Andalucía a «inspirarse» del modelo de acuerdo entre el PSC y ERC para fijar medidas que incrementen el autogobierno y la financiación de los servicios públicos. Es decir, introducir criterios de «singularidad» de forma «bilateral» en otras comunidades autónomas en cuanto a su financiación. Montero subrayó que además de Cataluña ya hay singularidades reconocidas por ejemplo en las islas Canarias o Baleares (aunque con un impacto muy limitado sobre el sistema de financiación autonómico).

La ministra, en cualquier caso, instó al PP a poner encima de la mesa una nueva propuesta de sistema de financiación para las comunidades autónomas, con un nuevo reparto de fondos, y subrayó así las diferencias existentes entre los distintos territorios. Aplicar por ejemplo un criterio de población perjudicaría a los territorios más despoblados. Y las necesidades de Andalucía, que recibe más por habitante de lo que aporta a través de la recaudación fiscal, son muy distintas de las de Madrid, la región que más aporta en relación con lo que ingresa. Sí hay un punto común en la interpretación de las comunidades del PP y de las gobernadas por el PSOE que han hecho pública su posición como Castilla La Mancha o Asturias: Cataluña no está infrafinanciada en relación con otras autonomías y una posible salida del sistema general lo dinamitaría.

En este sentido, la ministra aprovechó para arremeter contra la política fiscal de comunidades gobernadas por el PP como Andalucía por plantear rebajas fiscales al tiempo que se reclama más financiación estatal. María Jesús Montero criticó la «contradicción» del presidente andaluz Juanma Moreno al reclamar rebajas en el IVA para frenar la inflación en determinados productos y al mismo tiempo exigir compensaciones al Estado por el dinero de menos que se ha ingresado en la comunidad autónoma por la medida.