El Gobierno andaluz levanta la voz en las leyes estatales de Vivienda e Industria

En total, el Ejecutivo regional ha presentado 93 alegaciones a ambos textos legales, 13 a la de vivienda y 80 a la de industria y con un denominador común: piden una mayor competencia para las comunidades autónomas en temas que son particularmente sensibles, además de la reducción de trámites administrativos que no aportan seguridad jurídica a ojos de la Junta, y complican el desarrollo económico de los territorios.

En el mes de diciembre, el Ministerio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, comenzó la tramitación de una esperada modificación de la Ley de suelo estatal que lleva paralizada desde el año 2018 a pesar de las demandas para que se actualizase un texto legal que es clave para el urbanismo en España. La modificación de la Ley del Suelo responde a la insistente demanda que han dirigido al Gobierno las comunidades autónomas, los municipios y los agentes económicos y sociales, reclamando reforzar la seguridad jurídica de los planes para evitar que, tras años de tramitación, se vean anulados por los tribunales, lo que supone un freno para el desarrollo de los municipios y un quebranto para el interés general. Así ocurrió en Andalucía en municipios tan importantes como Marbella, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María o Jaén.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha solicitado una mayor precisión en la regulación de los supuestos de nulidad de pleno derecho de los planes y de la acción pública. También se solicita que se establezca un régimen transitorio que permita aplicar la reforma legislativa a los planes que se encuentran en tramitación para que puedan aprobarse con las garantías. La consejería solicita que la reforma legislativa sea más amplia y precisa y que se tramite con urgencia, «esperando que no se vea bloqueada por las discrepancias del Gobierno de coalición».

La reducción de las cargas administrativas y la mayor simplificación son los pilares de las alegaciones a la Ley de Industria. Andalucía comparte la necesidad de revisión de la ley actual, de 1992, para atender a los retos estratégicos a los que se enfrenta la industria: reindustrialización, descarbonización y transición energética, y digitalización. Por ello, el Gobierno andaluz ha trasladado 80 propuestas específicas que afectan al objeto, alcance y principios de la ley; a las estructuras de gobernanza del ecosistema industrial; al impulso de la competitividad, la sostenibilidad, el conocimiento, la difusión y la cultura industrial; a la seguridad y calidad industrial; al registro integrado industrial y al régimen de infracciones y sanciones.

El Consejo de Gobierno considera que, al corresponder las competencias en materia de industria a las comunidades autónomas, la normativa debe otorgar más protagonismo a las mismas, y reclama una mayor participación en la elaboración y el desarrollo de la Estrategia Española para el Impulso Industrial, así como una actuación más coordinada entre las comunidades y el Estado a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme, que debería reunirse con más frecuencia