El Gobierno andaluz tiene a 700 funcionarios de confianza más que hace cinco años

Actualmente, hay cerca de 700 PLD más de los que existían en enero de 2019, cuando el PSOE, bajo la presidencia Susana Díaz, fue descabalgado del poder. El volumen registra leves fluctuaciones de un día para otro, conforme se van resolviendo los procesos convocados y difundidos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Hasta el pasado mes de junio, 2.881 funcionarios ocupaban puestos de libre designación, según un informe estadístico elaborado por el sindicato Comisiones Obreras que se basa principalmente en los datos que el Ejecutivo cuelga en el Portal de Transparencia.

El 20 de agosto pasado, en plenas vacaciones de verano, los destinos asignados ateniendo a razones de especial responsabilidad y confianza alcanzaban los 2.752 efectivos, según la foto fija obtenida en dicha fecha por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), mayoritario en la Administración General de la Junta, que está integrada por todos los empleados públicos de carrera que trabajan en las diferentes consejerías, sin incluir a docentes, sanitarios y personal de Justicia, que tienen una regulación específica. El Gobierno andaluz no ha aportado a ABC datos concretos sobre el número actual de PLD.

El goteo de convocatorias de provisión de empleos públicos por libre designación ha sido tan incesante en los últimos años que todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial se han puesto de acuerdo para reclamar al Ejecutivo regional que ponga freno a esta práctica.

El SAF, CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, UGT y CCOO enviaron el pasado 26 de julio un escrito a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta en el que amenazaban con no acudir a ninguna mesa técnica ni sectorial de negociación que aborde las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) hasta que renunciara a seguir adjudicando sin concurso los destinos mejor pagados para los altos funcionarios de la Administración: los niveles 26, 27, 28, 29 y 30. Desde entonces, cualquier cambio en la RPT se está aprobando sin el consentimiento de la parte social de la Junta. Con esta simbólica protesta, presionan al Gobierno para ponga freno a un procedimiento que, a su juicio, camina en la dirección contraria de la despolitización de las instituciones.

Ante el plante sindical, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha reaccionado creando un grupo de trabajo para negociar el uso de esta fórmula de provisión de puestos, confirman desde dicho departamento. El grupo celebró su primera reunión el pasado jueves. Fue una primera toma de contacto. Empresa y sindicatos se han dado de plazo hasta finales de septiembre para intentar llegar a un acuerdo, pero las posturas están muy alejadas.

Entre tanto, continúan adjudicándose puestos por libre designación. La Junta lo justifica por «la especial responsabilidad y confianza» que requieren las tareas que hacen los funcionarios promocionados.

En enero de 2019, la Administración General de la Junta contaba con 2.137 funcionarios de confianza, designados sin concurso, como detallaba un informe que el Ejecutivo saliente difundió coincidiendo con el traspaso de poderes, después de que el PP, Ciudadanos y Vox pusieran fin a 36 años y medio de hegemonía socialista con un pacto a tres bandas.

El coordinador de la Administración Autonómica de CCOO Andalucía, Pablo López del Amo, advierte de que «cada vez hay más puestos discrecionales» y siguen ampliándose tras las denuncias. «Prácticamente toda la cúpula de la Administración General está elegida a dedo», lamenta López del Amo. La cifra de 2.881 puestos provistos mediante este sistema aportada por este sindicato no incluye a los llamados PLD 'virtuales' o asimilados, que engloba a antiguos altos cargos reubicados en algunos puestos, en muchos casos, creados 'ad hoc' tras su cese en alguna Administración Pública..

Hay que precisar que tanto el concurso de méritos como la libre designación son procedimientos reglados. La gran diferencia reside en la forma de acceso. Los PLD son seleccionados por el político de turno para desempeñar el puesto amparándose en razones de idoneidad y confianza, mientras que en los concursos de méritos el puesto se lo lleva aquel que obtiene la mejor puntuación por su currículum, capacidad y experiencia. No hay margen a la subjetividad. Los PLD representan ya el 6,6 por ciento de la plantilla de la Administración General de la Junta, integrada por 41.900 funcionarios en 2024.

Los sindicatos reprochan al Gobierno andaluz que «abuse» de una fórmula que denostaba cuando el PP estaba en la oposición. Antes de llegar a la Junta, los populares no se cansaron de denunciar que el PSOE hacía un uso político de las plantillas para situar a personas afines en puestos clave.

En la actualidad, según CCOO, más del 90 por ciento de los empleados públicos que cobran complementos de destino comprendidos entre los niveles 27 y 30 (los más altos de la Administración) son cubiertos por libre designación, así como la mayoría de los funcionarios del nivel 26. De este modo son provistas las jefaturas de servicio, pero con el tiempo se ha extendido a empleos de menor responsabilidad como coordinadores, asesores técnicos, directores de áreas o los secretarios de los consejeros y delegados.

La ley establece que este sistema de provisión está pensado para puestos de trabajo de «especial responsabilidad, colaboración y disponibilidad» y que requieren una «confianza personal para ejercer sus funciones».

Moisés García Losada, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), propone que sólo se recurra a los nombramientos discrecionales en el nivel 30, reservado a subdirectores y coordinadores generales. De ahí para abajo, «debería optarse por el concurso de méritos», reclama. En su opinión, la Administración está «demasiado politizada» y, aunque reconoce la profesionalidad de los PLD, remarca que éstos pueden ser relevados en el momento en el que pierden la confianza del político, por lo que están sometidos a una «mayor presión» para ejercer sus funciones.

En su escrito, los sindicatos criticaron que la proliferación de PLD está «cercenando la carrera administrativa de los funcionarios del subgrupo A1, que no pueden llegar por concurso de méritos a más allá del nivel 25 en las provincias». «Con suerte y mucha antigüedad» alcanzarán el nivel 26 en los servicios centrales, «pudiendo únicamente tener acceso» a estos puestos gracias a «sus contactos o buenas relaciones» con cargos políticos, «como principal y en la mayoría de las ocasiones, única carta de presentación», se quejan.