La futura ley posibilitará la construcción de 40.000 viviendas en Andalucía

Rocío Díaz ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno que esta norma que ha iniciado sus trámites , implicará la posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, una posibilidad contemplada en el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda.

Díaz ha explicado que en estos momentos son 49 los municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, aunque ha puntualizado que «sabemos que hay más» por cuanto ha esgrimido que entre los trámites exigidos «se requiere un acuerdo de Pleno», para seguidamente apuntar que «hay suelo para construir casi 40.000 viviendas».

Los municipios acogidos, mayores de 100.000 habitantes, representan una población de más 4 millones de habitantes, según ha explicado la consejera, quien ha afirmado que el terreno ofrecido son 630 bolsas de suelos y representan 1,3 millones de metros cuadrados, 136 hectáreas.

«Es una buena noticia, pero no nos podemos parar aquí», ha apuntado la consejera de Fomento, quien ha informado de que el Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas.

n este punto ha asegurado que el Gobierno andaluz trabaja en la presentación de un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida mientras que ha defendido que «esta avanzadilla», en referencia a las previsiones del Decreto-ley 1/2025, «ha calado», por cuanto ha blandido «el respaldo de numerosos ayuntamientos que se han adherido a este Decreto-Ley».

Otro aspecto del que ha informado la consejera de Fomento ha sido los cuatro proyectos estratégicos sobre vivienda que en estos momentos estudia la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), iniciativa que también se contemplaba en el Decreto-ley 1/2025.

Con la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía Rocío Díaz ha defendido que «el objetivo principal es poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo», al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda «no es un campo de batalla ideológico», antes de afirmar que «es un derecho».

La futura norma establece, de hecho, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

Así, el Proyecto de Ley recoge un abanico de iniciativas para el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible. Además de las líneas del decreto-ley, se creará la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Asimismo, se apostará por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones...) con ese mismo objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía buscará el equilibrio de la oferta en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, el Proyecto de Ley pretende optimizar la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos o de los promotores privados.

También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. Del mismo modo, pondrá el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.