Los funcionarios de la Junta de Andalucía cobran hasta 10.600 euros menos al año que los de otras autonomías

La Administración General engloba a los 23.279 trabajadores de Función Pública adscritos a las consejerías, consejos y agencias administrativas de la Junta, lo que coloquialmente se conoce como el funcionariado puro y duro, es decir, todos los empleados públicos que no pertenecen a los colectivos más numerosos (sanitarios, docentes y personal de Justicia).

Mientras el sueldo base y los trienios son prácticamente idénticos en España, puesto que vienen fijados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios varían de una comunidad a otra. Son las administraciones autonómicas quienes regulan estos pluses teniendo en cuenta diversos factores: el nivel de responsabilidad, la especial dificultad técnica del puesto, la dedicación o el rendimiento. Ahí las diferencias son enormes dependiendo de cada territorio.

Los funcionarios del País Vasco, Madrid y las Islas Baleares ocupan los primeros puestos en la clasificación de los sueldos, mientras que los andaluces están abonados al último lugar. A la hora de comparar los complementos específicos, los funcionarios de la Junta salen perdiendo, según el citado estudio. La brecha salarial es más o menos grande dependiendo de si se trata de un puesto base para un titulado superior, un jefe de sección, un administrativo o un jefe de negociado.

El estudio elaborado con los datos oficiales de los distintos territorios llega a una conclusión demoledora: «El personal funcionario de la Administración general de la Junta es el que cuenta con las menores retribuciones complementarias de todas las comunidades, lo que le lleva a ser el peor pagado de España». Esta circunstancia se ve «agravada» por el mayor coste de la vida, que es medio-alto en ciudades como Sevilla o Málaga, detalla el informe.

El SAF, mayoritario entre los más de 23.000 funcionarios de la Administración General de la Junta, ha elaborado este informe como sostén para respaldar una reivindicación histórica suya y de las demás organizaciones presentes en la Mesa Sectorial (CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, UGT y CC.OO). Están llevando a cabo concentraciones para reclamar una actualización del complemento específico, que no se revisa desde el año 2002.

Dichos sindicatos denuncian que han perdido poder adquisitivo desde la crisis económica de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la primera rebaja salarial a este colectivo en democracia. A la merma salarial de un 5% siguieron cinco años de congelaciones retributivas. Las nóminas del personal funcionario han crecido un 15,92% menos que el IPC en los últimos 13 años, estima el SAF, que pide una solución al Ejecutivo andaluz.

Los funcionarios de la Junta se sienten doblemente discriminados: a nivel territorial y dentro de la propia Administración. Así, señalan que en los últimos dos años el Gobierno andaluz ha pactado mejoras y subidas de sueldo a docentes, profesionales sanitarios, investigadores y altos cargos.

El estudio recuerda que otras comunidades como Castilla y León, Aragón o Madrid han aprobado nuevos complementos que han mejorado las nóminas de sus funcionarios. El Sindicato Andaluz de Funcionarios se queja de que ningún gobierno andaluz ha corregido «la grave pérdida de poder adquisitivo» de su personal durante los últimos quince años. «De no hacerlo de forma urgente la Administración andaluza se verá abocada a la degradación de la calidad del servicio público que presta, debido a una escasa capacidad de atracción y retención de talento así como de desmotivación generalizada de su personal», avisa.