La funcionaria colocada en Arcos de la Frontera a cambio de votos destapa otros cuatro enchufes a militantes y familiares del PSOE: «Había una trama»

El 6 de julio de 2023, cuando el anterior alcalde del PSOE, Isidoro Gambín, fue desalojado del poder por un pacto de gobierno entre el PP y el partido independiente Aipro (una escisión de los socialistas), la funcionaria interina denunció ante la Guardia Civil que miembros del anterior gobierno municipal le habían hecho el favor de contratarla en un concurso supuestamente amañado meses antes de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Querían de este modo reparar el daño que le habían causado por haberla despedido en abril de 2018 como policía local tras haber prestado servicio durante 28 años en régimen de interinidad.

A mediados de junio de 2018, la teniente de alcalde de Personal entre 2015 y 2018, María José González Peña (PSOE), le ofreció volverla a contratar en un puesto creado expresamente para ella. «Tú me dices la plaza que tú quieres que sin problema», recuerda. La única condición que se le puso es que ella y familiares votaran a su partido en los comicios. El recado se lo hizo llegar el inspector jefe de la Policía Local de Arcos, Luciano Muñoz Castaño, que ejercía como asesor plenipotenciario de la delegada municipal de Personal. Ambos están procesados por supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, al igual que la propia beneficiaria del puesto y el presidente del tribunal examinador por prestarse al tejemaneje, Ricardo F. V.

Su supuesto contrato fraudulento no es más que un grano de arena en un desierto plagado de tratos de favor en el reparto de empleos públicos en el municipio. Según contó el pasado 17 de enero al juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arcos de la Frontera número 2, que ha investigado los hechos, hasta cuatro militantes y allegados al PSOE consiguieron un contrato como funcionarios interinos del Ayuntamiento a la vez que ella, estando próximas las elecciones. En su declaración como investigada en el juzgado, la funcionaria interina decidió 'cantar' y dio pelos y señales sobre quiénes fueron algunos de aquellos beneficiarios que hasta ahora no han trascendido.

El juez Eduardo Vaquero le había preguntado si conocía «sucesos similares en otros procesos de selección» en este y otros ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Manoli relató que, aparte de la plaza de oficial de inspección adjudicada a ella, se sacaron otras cuatro o cinco puestos recogidos en la oferta de empleo público de 2018 que el Consistorio gobernado por el PSOE convocó en diciembre de ese mismo año.

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Tras el proceso selectivo fue nombrada jefa de personal «la mujer de un afiliado al PSOE que en ese momento no se pudo presentar a las elecciones» porque estaba imputado en el supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía. Se llama María Ángeles T. L., especificó. Para otro de los puestos ofertados, el de economista, resultó elegida «la sobrina de un cargo del PSOE» muy destacado en Medina Sidonia. Para el mantenimiento de campo de fútbol municipal se designó al que era monitor de spinning de Luciano Muñoz, mientras que la plaza de informático también convocada recayó en otro «afiliado» o «simpatizante» del mismo partido, detalló. En resumen, la contratación de todos ellos respondía a un modus operandi de enchufismo instalado en el Consistorio.

La antigua policía local sabía de antemano que se estaba haciendo un harakiri judicial, pero estaba determinada a denunciarlo antes de que fuera demasiado tarde. «La única que podía hacerlo era yo porque todo el ayuntamiento era conocedor del tema pero ninguno se atrevía» a levantar las alfombras, explicó ante el juez en una declaración de 57 minutos, a la que ha accedido ABC.

Llevaba años recopilando información comprometedora y grabando a los protagonistas con su móvil, audios que le estaban quemando en las manos y que el juez considera claves para esclarecer la maniobra. Encontró la ocasión perfecta cuando el PSOE perdió la Alcaldía en las elecciones de 2023. «Yo quería que la trama que tenía se levantara de una vez por todas, que se denunciara esto y que esta trama parara ya», aseguró.

«Yo sabía a lo que me estaba exponiendo y lo que me puede caer a mí, pero yo quería que esto se solucionara porque lo mismo que estaba sufriendo yo, hay mucha gente que estaba sufriendo por las injusticias que se estaban haciendo», relató.

Si no tiró de la manta antes es por que temía represalias del gobierno socialista. «Antes no lo podía hacer porque no sé cómo habrían actuado ellos. Lo vi oportuno en el momento en que cambió el equipo de gobierno», contó. El mismo día que presentó la denuncia, Luciano Muñoz la llamó por teléfono pero ella no descolgó.

Aparte de una instrucción judicial, su actuación, valiente para unos y revanchista para otros, ha provocado que la edil González Peña presente su baja del partido aunque conserva su acta de concejal. El PSOE la ha expedientado tras una semana guardando silencio, desde que ABC publicó el auto que pone fin a la investigación y sitúa a la edil a un paso del juicio oral.

En el interrogatorio del fiscal, la denunciante subrayó que el exasesor de Personal Luciano Muñoz «era el que mandaba en el Ayuntamiento» y que «incluso estaba por encima del alcalde», Isidoro Gambín (PSOE). «Estaba tanto de policía como de asesor de Personal», señala. Muñoz, Gambín y González constituían el trío que movía los hilos en el proceso selectivo supuestamente amañado, del que la edil procesada dijo que el PSOE era conocedor.

«¿Sabe si la señora María José González Peña tenía conocimiento de que usted había redactado el examen [al que se presentó] y que le había dado un pendrive?», le preguntó. «Claro que lo sabía porque estaban los tres en todos los movimientos: el alcalde, Luciano y la delegada», contestó. En este dispositivo se almacenaba un listado con 80 preguntas que ella misma le entregó a Muñoz siguiendo sus indicaciones y que éste le facilitó al presidente del tribunal. Éste le garantizó que le caerían 20 preguntas en el examen tipo test que acabaría aprobando.

Así ocurrió. El 1 de julio de 2019 Manoli firmo el acta de toma de posesión de la plaza prometida. Quince días antes, Gambín había sido investido como alcalde para su segundo mandato.