Así frenó la Junta de Andalucía el pelotazo millonario de otro 'Koldo' con la venta de test defectuosos en pandemia

El Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), tomó dos decisiones clave. Por un lado, centralizó la adquisición de suministros para aprovisionar la reserva estratégica contra el coronavirus, impidiendo autoabastecerse a comunidades autónomas como Andalucía. Por otro, instauró una vía de contratación de urgencia para agilizar el proceso en medio de la excepcional crisis sanitaria.

La relajación de los controles en dichas adjudicaciones a dedo propició la aparición de intermediarios y comisionistas que buscaban dar el golpe de su vida vendiendo a las administraciones públicas mercancía, a menudo defectuosa y casi siempre aplicando márgenes exorbitados de beneficio. Un lucrativo negocio a costa de la desesperación de un país que veía por la televisión una procesión sombría y trágica de ataúdes partiendo desde los hospitales.

En este caldo de cultivo prosperaron especuladores como Luis Medina y Alfonso Luceño, que ingresaron seis millones de comisión con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid mediante la operación 'Pa la saca'. Otros como Koldo García Izaguirre operaban desde dentro de la propia Administración del Estado, la misma que había obligado a las regiones a hacer todas sus compras de mascarillas o test de antígenos a través de ella.

La investigación judicial apunta a que el guardaespaldas, chófer y asesor personal del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, recibió supuestas comisiones de una empresa que consiguió más de 52 millones en contratos públicos de mascarillas, la mayor parte provenientes del citado ministerio. Parece la punta de un iceberg enorme. La Guardia Civil halló cobros de un laboratorio especializado en los análisis de covid, después de que la red mantuviera reuniones con miembros delministro de Sanidad durante la pandemia y actual líder del PSC, Salvador Illa.

En los primeros días caóticos del estado de alarma, los comisionistas también llamaron a la puerta de la Junta de Andalucía ofreciendo mascarillas y test covid, seducidos por el botín millonario de los contratos de emergencia.

Uno de los que se dejó los nudillos en la puerta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) fue el empresario Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, que intentó cobrar una desorbitada comisión de 5 millones de euros por facilitar maletines de test covid al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los días más crudos de la crisis. Pero las alarmas saltaron, no una sino dos veces. El proveedor de las pruebas covid alertó a responsables del Ejecutivo sobre las intenciones del comisionista. Por si no bastara, los test tampoco pasaron los filtros de calidad. El resultado fue que no hubo trato con García Gallardo, quien quince años antes había sido denunciado por una presunta estafa en la Zona Franca de Cádiz.

La rápida reacción del Gobierno andaluz en plena pandemia contrasta con la impunidad con la que se movía la mano derecha de Ábalos como intermediario aprovechando su cercanía a los despachos oficiales que contrataban a los empresarios y su agenda de contactos con gobiernos autonómicos del PSOE como el balear o el canario, que compraron mascarillas a la trama.

Cuando conoció el pretendido pelotazo que quería dar García Gallardo a su costa, la Junta de Andalucía llevó a cabo una doble investigación, a nivel político y en el plano administrativo, que abortó la operación. En ello fue decisiva la llamada que el empresario asturiano que distribuía los test hizo al entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el 22 de septiembre de 2020, avisándole de la elevada mordida que el mediador quería cobrar al SAS. Sabedores de lo que tramaba, responsables de la Consejería de Presidencia iniciaron una serie de pesquisas casi detectivescas en las que se sucedieron las llamadas telefónicas entre el proveedor y el entonces viceconsejero Antonio Sanz, y frenéticas reuniones para tratar de averiguar hasta dónde extendía sus tentáculos la presunta trama.

Una investigación judicial, iniciada tras la denuncia presentada por la Junta ante la Fiscalía, arrojaba sospechas sobre un asesor de la Consejería de Salud. A juicio de la Policía, éste podría haber actuado de enlace con el entorno del 'conseguidor'. Ante las conversaciones interceptadas, la Consejería de Salud, dirigida por Jesús Aguirre, lo destituyó.

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, que abrió una investigación por el frustrado cohecho, dictó su archivo el 16 de diciembre de 2022 porque la actuación desplegada por los intermediarios de la operación «con la finalidad de obtener una ganancia en dicha mediación» no se consumó. Aparte de Gallardo, en esta causa estuvieron investigados su hermana Ana María y una socia suya, quienes fueron arrestados y puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez. El instructor del sumario cree que los intermediarios se «inventaron» que tenían «un contacto en la Junta de Andalucía», pero en realidad éste nunca existió.

Los comisionistas no lograron su objetivo tanto por la «inhabilidad técnica del producto ofertado», procedente de Corea, como por las objeciones que puso el proveedor del producto al inflado artificial del precio del producto.

Finalmente, los andaluces no tuvieron que pagar los dudosos test y, por ende, tampoco ninguna mordida. La Junta había respondido al 'Koldo' andaluz con un sonoro portazo.