Pero en 2015 Pasquau inició las pesquisas argumentando que no puede considerarse «manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados».
En junio de 2015, el instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, propuso continuar el procedimiento contra Griñán, Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, entonces diputados en las Cortes, por un delito de prevaricación administrativa, al que en el caso de Viera añadía el de malversación de caudales públicos.
En su exposición razonada, argumentó sin margen a la duda que el sistema de subvenciones fue ilegal y cuestionaba el desconocimiento que esgrimieron los imputados cuando comparecieron en el Supremo. «Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado», señaló Barreiro.
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