La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS
El Ministerio Público considera que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la asociación que preside Ángela Claverol
El archivo afecta al Defensor del Paciente que se sumó a la denuncia. El fiscal determina que una «avalancha de peticiones» provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad
Amama denuncia en Fiscalía el supuesto borrado de historiales médicos de cáncer
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Iniciar sesiónPoco más de un mes ha tardado la Fiscalía Provincial de Sevilla en determinar que no había delito alguno en la denuncia que se había presentado contra el Servicio Andaluz de Salud por el supuesto borrado de las imágenes de las mamografías. Finalmente ... tal y como proclamó la Consejería de Sanidad tras las denuncias no era cierto no hubo manipulación alguna de las pruebas médicas.
La Fiscalía Provincial de Sevilla ha decidido archivar las actuaciones porque «no aprecia indicios de comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos» después de que Amama, la asociación que denunció el fallo en el programa de los cribados del cáncer de mama, denunciara unos días después que se estaban «borrando» imágenes de las mamografías de estas mujeres.
Algunas de esas mujeres decidieron irse a la Fiscalía, que ya estaba investigando lo ocurrido con el fallo en el programa que provocó que algunas mujeres no fueran informadas, para denunciar ese falso borrado de las imágenes. Ahora los tribunales confirman que ese borrado nunca se produjo, que no hubo delito y que lo que ocurrió fue un fallo por la saturación del sistema.
Luego también se sumó a esa denuncia el Defensor del Paciente que decía haber tenido conocimiento de que «se había podido destruir documentos« de las pacientes que contenían información confidencial y sensible sobre su salud y tratamiento, entre otras mamografías.
Y todo ello, según denunciaban, podía ser constitutivo de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, de daño, contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función Pública. Sin embargo la Fiscalía tiene muy claro que no se ha producido ninguno de esos delitos y archiva las actuaciones.
En un decreto firmado el pasado día 26 de noviembre adelantado por ABC del grupo Vocento, se desmonta toda la teoría y la acusación que había formulado la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Amama, que había pedido a la Fiscalía que investigara la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interviniera o copiara los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.
No hay evidencias
En el decreto de archivo, un texto de ocho páginas, se deja muy claro que no se han hallado «evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de los servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos«.
Además se deja patente que los datos clínicos que obran en la historia médica de las denunciantes «son íntegros, auténticos y coincidentes», y «no existe constancia técnica ni documental de que se haya producido un borrado intencionado, un error de manipulación humana o una decisión contraria a los procedimientos clínicos establecidos».
Por todo ello se recalca que «no se han hallado elementos que indiquen alteración, supresión o modificación de su informe de mamografía, ni de que se haya impedido injustificadamente la realización de la ecografía inicialmente prevista«.
La investigación quedó acotada a determinar si la caída o fallo del sistema informático del SAS, pudo afectar a la integridad, disponibilidad o autenticidad de los datos clínicos almacenados en los sistemas DIRAYA, RIS/PACS u otras plataformas asociadas; e igualmente verificar si se produjeron accesos, modificaciones o alteraciones no autorizadas en los historiales médicos, informes diagnósticos o archivos de imagen pertenecientes a determinadas pacientes, con el fin de establecer si tales hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal.
En la investigación se asegura que «no se descarta que la caída del sistema» pudiera haber comprometido temporalmente la disponibilidad de datos clínicos. Y se abunda en esa teoría de que la caída del sistema informático del Servicio Andaluz de Salud «tuvo un impacto exclusivamente operativo, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos«.
De hecho, el decreto de la Fiscalía determina que fue precisamente «la avalancha de peticiones» que se produjo tras detectar el fallo en el programa del cribado del cáncer de mama, la que hizo que el servidor que prestaba este servicio de «visor para la ciudadanía» se saturara y dejara de funcionar con normalidad». Sin embargo ese problema «no estaba afectando al sistema PACS, ni a la incorporación de nuevas imágenes, ni al trabajo de los profesionales sanitarios, sino que se centraba en el citado módulo de servicio a los ciudadanos «Visor para la ciudadanía».
La Fiscalía ha investigado numerosas denuncias de mujeres que, según Amama, se había puesto en contacto con ellos para informar de que pruebas diagnósticas a las que tenían acceso a través de la aplicación Click Salud «han desaparecido o se ha borrado el nombre del radiólogo« o ha desaparecido el documento informado.
Además se hacía eco de una mujer que decía que había recibido la firmante ha recibido la llamada de un sanitario que le había manifestado que se están borrando datos del programa DIRAYA que se utiliza en el sistema sanitario público de Andalucía como soporte para los y las profesionales sanitarios de la historia clínica electrónica.
Sin embargo la investigación ha concluido que «no se ha evidenciado que la reprogramación de la prueba ni el cambio de ecografía a mamografía obedezcan a una decisión irregular o carente de fundamento clínico». De hecho la Fiscalía insiste en que las comprobaciones llevadas a cabo indican que «las actuaciones fueron registradas conforme a los protocolos asistenciales establecidos y dentro de los parámetros habituales de gestión del cribado, sin observarse intervención externa que modificara u ordenara la supresión de ninguna prueba«.
El archivo llega después de una minuciosa investigación en la que, según la Fiscalía, se ha supervisado el funcionamiento de programa que utiliza en el Servicio Andaluz de Salud como soporte de la historia clínica electrónica y el Programa de Diagnóstico por la Imagen, donde se implementa todo el proceso asistencial relacionado con las pruebas radiológicas.
También se ha revisado el «Sistema Pacs» del que es responsable Philips Ibérica, especializado en gestionar y visualizar distintos tipos de imágenes médicas asociadas a los estudios radiológicos de los pacientes y también ClickSalud, el servicio virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía cuya función es proporcionar un visor de la historia clínica resumida.
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