La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla apoya llevar a Conde-Pumpido al Tribunal de la UE por su borrado en el caso ERE

En una providencia emitida el pasado 18 de marzo, la sala de Sevilla pide a las partes del proceso que se pronuncien sobre su propuesta de elevar una consulta al TJUE para determinar si el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido pudo haber vulnerado el Derecho comunitario y si se extralimitó en su función de control al revisar la valoración de las pruebas realizada por la Audiencia y el Tribunal Supremo. Así lo creen también los fiscales Anticorrupción que acusaron a una veintena de ex responsables políticos en el juicio que se saldó con una sentencia condenatoria de la Audiencia hispalense, posteriormente ratificada casi en su integridad por el Supremo.

A través de un escrito «contundente», según precisaron las citadas fuentes jurídicas, los fiscales Anticorrupción cierran filas con los magistrados de Sevilla para llevar al tribunal con sede en Luxemburgo la anulación parcial de las penas que el TC acordó el pasado mes de julio, en un giro de guion inesperado en el caso ERE. La posición del Ministerio Público contaría con el respaldo del fiscal jefe Anticorrupción en Madrid, Alejandro Luzón, y es coherente con la línea que esta parte ha mantenido a lo largo de toda la instrucción y el juicio de la pieza del caso ERE que sentó en el banquillo a los ex altos cargos andaluces del PSOE.

El próximo miércoles expira el plazo de diez días que la Audiencia dio a las partes del proceso (Fiscalía, acusaciones y defensas) para presentar alegaciones a su propuesta de plantear una cuestión prejudicial. A pesar de que lleva varios días redactado, el escrito de Anticorrupción estaba pendiente de registro a primera hora de la tarde de ayer. La Fiscalía General del Estado, en manos de Álvaro García Ortiz, indicó ayer a ABC que todavía no se había tomado una decisión al respecto y que la comunicará cuando se adopte.

El bloque progresista que controla el Constitucional anuló parcialmente las penas de inhabilitación y prisión impuestas a la antigua cúpula del PSOE andaluz que gobernaba Andalucía bajo la tesis de que se habían vulnerado sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Los expresidentes autonómicos y otros 17 ex altos cargos de la Junta habían sido condenados por urdir un «sistema fraudulento» de ayudas que, en medio de un «descontrol absoluto», repartió casi 680 millones de euros entre empresas en crisis para garantizar la «paz social» entre los años 2000 y 2009, según concluyó la Audiencia en su sentencia de 2019, enmendada después por el TC.

Como corresponde a un asunto de tanta trascendencia política y judicial, el escrito de los fiscales Anticorrupción en Sevilla ha sido remitido también al despacho de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado investigado por la Justicia por filtrar supuestamente un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado por fraude fiscal, proponía un pacto que librara a su cliente de la cárcel.

Otras fuentes jurídicas del caso señalaron a este periódico que está habiendo presiones desde las altas instancias del Ministerio Público para que Anticorrupción se oponga a elevar las sentencias del TC a la Justicia europea. Desde la Fiscalía General no corroboraron estas supuestas indicaciones y reiteraron que informarán cuando haya una resolución sobre la propuesta de la Audiencia.

El sector progresista que domina el Constitucional planea impedir que el tribunal de los ERE recurra ante el TJUE. Amenaza con aplicarle el artículo 92 de la ley orgánica del propio TC para anular las resoluciones que vayan en contra de su doctrina. Este precepto fue modificado por el Gobierno de Mariano Rajoy para contrarrestar la consulta ilegal del 9-N de 2014, en la etapa de Artur Mas.

El Constitucional ha dado los primeros pasos para intentar desactivar la iniciativa del tribunal de los ERE. A través de un oficio, la pasada semana le requirió la providencia en la que preguntaba a las partes su opinión acerca de la cuestión prejudicial. Tras una primera discusión sobre este asunto en la última reunión del TC, Conde-Pumpido ha fijado para el Pleno del próximo martes 8 de abril el «debate jurídico» sobre la iniciativa de la Audiencia de Sevilla para no ejecutar sus sentencias.

Los jueces de Sevilla están decididos a aguantar el pulso que le ha echado el Constitucional y le ha requerido, a través de otro escrito, «que se justifique la finalidad o razón de ser» de que solicite su providencia.