La Fiscalía Anticorrupción apoya que la Audiencia de Sevilla oiga a la Junta de Andalucía como perjudicada por los «fondos públicos malversados» en el caso ERE

En un escrito de alegaciones elevado el pasado 22 de mayo al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia hispalense, facilitado a ABC, los fiscales delegados de Anticorrupción en el juicio del procedimiento específico de ayudas del caso ERE han defendido que la Junta de Andalucía retorne a este proceso pero que no lo haga como parte, puesto que «abandonó» el mismo cuando solicitó su archivo en la etapa de gobierno del PSOE en la Junta, sino como «perjudicada» por el desvío de fondos públicos.

«La Junta de Andalucía, si bien 'ha perdido' en esta causa la condición de parte, no ha perdido en absoluto su legítima condición de perjudicada por el delito», señalan los representantes del Ministerio Público. Precisan que tanto la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional han reconocido «la existencia de caudales públicos malversados por las personas que han resultado condenadas ya en firme, así como de aquellas sobre las que es necesario, en los términos recogidos en las sentencias dictadas por el TC, un nuevo pronunciamiento» de revisión de las penas.

La Fiscalía entiende, por tanto, que «como perjudicado», si bien «no se le puede tener por parte en la presente ejecutoria, sí debe ser oído». «El mero hecho de que la sala haya decidido dar traslado a las partes personadas en la presente causa de la procedencia o no del planteamiento de una cuestión prejudicial» determina que la Junta de Andalucía, como perjudicada por el uso fraudulento y arbitrario de los fondos públicos, «deba ser oída al tratarse de una cuestión relevante como es la determinación definitiva de hechos que permitan la cuantificación de los perjuicios económicos causados así como de las personas que deban responder de los mismos».

A través de una orden que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, trasladó al Gabinete Jurídico de la Junta, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) ha solicitado volver como perjudicada a la causa de los ERE que sentó en el banquillo a Chaves y Griñán, a raíz de que los magistrados de la Audiencia de Sevilla se dieran unos días de plazo para deliberar sobre la presentación de una cuestión prejudicial o consulta al tribunal con sede en Luxemburgo contra las sentencias del Constitucional al considerar que pueden ser contrarias al Derecho comunitario, que prevalece sobre las resoluciones que adopte cualquier Estado miembro. Argumentan que el TC se pudo haber extralimitado al invadir competencias de los jueces y tribunales ordinarios y que vulneran las directivas europeas sobre la lucha contra la corrupción, como advirtieron los magistrados del sector conservador del TC a través de votos discrepantes con el amparo a los exdirigentes socialistas que les brindaron desde el bloque progresista.

La Junta de Andalucía ha dado el primer paso para corregir su rumbo errático en el caso ERE. Casi nueve años después de retirarse como acusación particular en la pieza principal del proceso que sentó en el banquillo (y condenó) a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el Gabinete Jurídico autonómico ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial de Sevilla su personación como parte perjudicada con el objetivo de «intentar llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado, cifrado en 679.412.179,09 euros» mediante una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo en «el mayor caso de corrupción de la historia política de España».

La Junta de Andalucía considera que la doctrina que establece el Constitucional, con las sentencias dictadas en julio de 2024 «puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial» que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma.