La firma del primer reparto de ayudas entre los ayuntamientos relanza el acuerdo de Doñana

El acuerdo suscrito ayer ha sido objeto de una larga negociación y a punto ha estado de romperse durante estos meses en varias ocasiones. El Ministerio fijó como primer punto de ejecución de su pacto con la Junta de Andalucía la distribución de 70 millones de euros entre los ayuntamientos del área de influencia. Pero el problema, desde el primer momento, fue el criterio de reparto. Almonte e Hinojos defendieron que por su posición y por la influencia del área de Doñana debían disponer de la mitad de los fondos y que el resto se repartiera en el resto del territorio. Los otros ayuntamientos defendían sin embargo y reparto equitativo. Este segundo criterio se impuso finalmente.

El acuerdo concede a Almonte el máximo de fondos, 8 millones de euros, mientras que en segundo término asigna 5,9 millones de euros a Aználcazar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda. Moguer se queda 5,6 millones de euros y el resto de municipios (Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa) recibirán 4,1 millones de euros. Sobre este presupuesto cada uno de ellos deberá presentar los proyectos que ejecutará de acuerdo con las bases que han sido ya difundidas por el Ministerio.

Los 14 municipios firmaron el acuerdo ayer con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el rechazo de los dos críticos, Almonte e Hinojos, se limitó a las declaraciones públicas advirtiendo de los efectos de este reparto de fondos sobre el territorio. «Este acuerdo no consigue su objetivo de hacer corresponsable a los habitantes que viven en Doñana con el espacio», apuntó el alcalde de Almonte, el independiente Francisco Bella. Su posición es compartida por Hinojos (PP). El resto de municipios mostraron satisfacción con el acuerdo.

El otro escollo que sufrió este acuerdo estuvo vinculado con la inclusión por parte del Gobierno andaluz de una modificación en la normativa de Montes, a través del decreto de simplificación, que tenía incidencia sobre los cultivos del entorno de Doñana. Esta medida, que fue detectada por el PSOE, provocó la ruptura durante unos días de las conversaciones y la paralización del reparto de los 70 millones de euros hasta que la Junta de Andalucía formalizó la rectificación y corrigió el decreto de simplificación.

Ambos desencuentros (las diferencias en el reparto y los efectos del decreto de simplificación) quedaron ayer superados con la imagen de la ministra con los 14 ayuntamientos y con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.

A partir de este punto arranca el desarrollo del resto de un acuerdo con un impacto económico total de 1.400 millones de euros, incluyendo medidas ya ejecutadas como la compra de la Veta de La Palma, y que incorpora entre sus principales medidas el plan de ayudas a los agricultores para que abandonen los cultivos de regadíos.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, anunció que en el próximo trimestre se publicarán las bases de las convocatorias de ayudas a proyectos de buenas prácticas y especialmente las de diversificación agraria. Según el acuerdo se tratará de convocatorias con ayudas que podrán llegar a los 10.000 euros por hectárea durante diez años en los municipios de la primera corona de Doñana con la participación del Ministerio (70%), la Junta (20%) y la Diputación Provincial para ejecutar procesos de renaturalización. Para el resto del entorno de Doñana las ayudas serán máximo de 7.000 euros por hectárea en casos de procesos de renaturalización; de 2.500 si pasan a secano y de 1.000 euros si apuestan por cultivos ecológicos.

«Estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Agricultura y con el sector para cerrar las bases en el próximo trimestre», puntualizó la ministra. Desde la Consejería aguardarán a la publicación de esas bases para aprobar su convocatoria para el reparto del complemento del 20% que está ya pactado en el acuerdo de Doñana.

Junto a esto está previsto que se aprueben también en el próximo trimestre otras líneas previstas en el acuerdo como la convocatoria de proyectos de diversificación industrial e innovación en colaboración con el CDTI; las actuaciones de inclusión social y laboral de las personas temporeras agrícolas extranjeras y otros colectivos en situación de vulnerabilidad o el programa de mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas temporeras agrícolas, en colaboración con el Ministerio de Vivienda.

El consenso alcanzado en noviembre tras meses de confrontación se mantiene y ha superado sus primeros escollos. De ahí la satisfacción mostrada por la ministra Teresa Ribera: «Este es el principio de una aventura compleja que tendrá que seguir trabajándose a lo largo de los próximos meses. Es la mejor solución y la única que garantiza el futuro del entorno y de las personas. Y para ello es imprescindible el trabajo colectivo y el reto de alcanzar decisiones consensuadas».

Por parte de la Junta de Andalucía, el consejero Ramón Fernández-Pacheco incidió en la importancia del acuerdo y el compromiso del Gobierno andaluz: «El pacto sigue andando, nuestro compromiso con el conjunto de agricultores de la corona norte es el de cumplirlo a punto por punto, tanto en las competencias propias de la Junta como en las competencias que se reclaman a otras administraciones».