La Faffe fraccionó contratos para evitar controles y burlar la legislación de la UE

El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza parte de los 235.125 mensajes que figuran en las cuentas de los correos electrónicos de responsables de la extinta fundación pública. Entre los mensajes analizados -una parte de las comunicaciones entre directivos fue borrada antes de que la Guardia Civil tuviese acceso a las mismas- los agentes han detectado manipulaciones de contratos para evitar controles tanto por parte de la administración nacional como europea.

En este sentido, el informe de la UCO señala que «en cuanto a los importes reflejados en los distintos contratos analizados, parece haber existido, en muchas ocasiones, un fraccionamientos de los mismos, en la mayoría de los casos para evitar salirse del contrato menor y con ello evitar condiciones más restrictivas exigidas en otros de mayor importe«.

Igualmente, también se habría procedido a la división de estos contratos «para evitar otros requisitos como el de la obligación de comunicar su formalización a la Unión Europea«.

Los investigadores citan como ejemplo una contratación con la empresa Sadiel por valor de 299.041 euros en el que la entonces adjunta a la Dirección de Garantías Institucionales de la Faffe, Cristina López, envía un correo a la directora de Gestión Económica Financiera, Ana Valls, en el que le informa de que «ha hecho tres contratos, porque si lo hacía todo en uno teníamos que hacer publicidad a nivel europeo», en alusión a la obligación de publicción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

De esta forma, el citado contrato con Sadiel se dividió en tres: uno bajo el epígrafe 'Contrato Dirección Proyecto' por un importe de 43.498,80 euros; otro denominado 'Contrato Equal' por 24.251,36 euros y un tercero por 231.291,05 con el nombre de 'Contrato Page'.

Otro clarificador ejemplo de las prácticas presuntamente irregulares en la gestión de contratos en la Faffe hace referencia al pago de una factura con la sociedad Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria Mobility (GAPC) por un importe de 83.520 euros y fecha del 11 de enero de 2010. La directora de Garantías Institucionales, Carmen Lozano, escribe a la técnico que gestionaba el pago: «Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aún fraccionándolo. A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado sin publicidad«.

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Otra práctica en la gestión de la Faffe detectada en la investigación de la Guardia Civil es la construcción de un procedimiento de contratación con el único fin de cubrir unos servicios que la empresa beneficiaria ya prestaba, o incluso para pagar facturas ya emitidas por sociedades mercantiles.

En este sentido se alude a la tramitación de un contrato con la firma Proyempleo, que según la investigación se habría realizado para legalizar una prestación de servicios que ya se estaba llevando a cabo. Así, la Guardia Civil ha detectado un correo electrónico de una técnico de la Dirección de Desarrollo Territorial en el que señala que «paso a facilitar la posible contratación, si dais el visto bueno, a llevar a cabo para dar cobertura a los servicios que Proyempleo está prestando en relación a la segunda subvención del IAPRL», en referencia al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

De esta forma, en la fundación fundada por el PSOE «podría haber existido una dinámica consistente en la contratación de empresas prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello«.

Para solventar estas irregularidades se habrían organizado maniobras para montar procedimientos de contratación «hechos a medida con el fin de dotar de legalidad a las contrataciones que se llevaban a cabo con empresas afines para el desarrollo de diferentes programas y servicios financiados con fondos públicos«.

La alteración de contratos es otra de las presuntas irregularidades practicadas en esta fundación creada por el PSOE en su etapa de gobierno en Andalucía y de las que está informando ABC. En los ocho años que estuvo funcionando la fundación pública, entre 2003 y 2011, recibió unos 300 millones de euros, de los que 55 millones nunca llegó a justificarlos. La mayoría de estos fondos procedía de las subvenciones nominativas, «por elevados importes de dinero», que le concedía cada año el Consejo de Gobierno andaluz, primero, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y, en la última etapa, con José Antonio Griñán al frente. De estos fondos se nutrían los contratos y las operaciones que la Faffe realizaba destinadas, en teoría, a formar a desempleados.

El primer escándalo fue el uso de las llamadas tarjetas 'black' en clubes de alterne de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El gasto más notable ocurrió en la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 en el club Don Angelo de Sevilla, donde se gastaron 14.737 euros. La fecha coincide con un cambio en la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz, lo que disparó las sospechas de que los directivos de la entidad acudieron para celebrar este cambio. «No da tiempo a beber tantas copas en una noche por 14.000 euros», hizo notar el fiscal Anticorrupción en la exposición de su informe final en el juicio.

La otra gran modalidad de práctica irregular en la fundación creada por el PSOE fue el enchufismo, ya que una larga relación de familiares de los más diversos cargos socialistas encontraron un futuro laboral en este organismo. En total, la Guardia Civil halló más de 200 vínculos entre altos cargos y dirigentes de los sindicatos y la plantilla de la fundación creada para fomentar el empleo. La comisión de investigación de la Faffe creada en el Parlamento concluyó que el 65,6% de su personal fue contratado «sin ninguna prueba de selección».