Un exministro de Sánchez decidirá sobre el recurso de la Junta de Andalucía

El recurso de la Junta de Andalucía ante este órgano para tumbar el denominado 'Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas' ha servido para poner de nuevo en cuestión la falta de idoneidad de Campo como miembro imparcial en este tribunal. En el pleno que celebrará el Constitucional el próximo martes 21 de marzo figura entre los puntos del orden del día el trámite de admisibilidad del recurso que ha interpuesto el Gobierno andaluz contra las medidas fiscales de María Jesús Montero y del que es ponente Juan Carlos Campo. Con lo cual, un exministro de Pedro Sánchez –autor de la medida fiscal recurrida– será el árbitro que dirimirá los argumentos de ambas partes para su posterior consideración en el tribunal, condicionando así el resultado final de este conflicto entre competencias.

Esta polémica comenzó el pasado mes de septiembre, cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció que en esta comunidad autónoma se bonificaría al 100% el impuesto de Patrimonio –al igual que ya lo hacía la Comunidad de Madrid– con el objetivo de atraer inversores a la región. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, si con esta medida se conseguía que 7.200 nuevos contribuyentes –con rentas altas– se instalaran fiscalmente en Andalucía, se compensaría la pérdida recaudatoria de Patrimonio (menos de 200 millones de euros) con la cuota que pagarían por el IRPF.

La medida se convirtió en un asunto de alto voltaje político desde su mismo anuncio. En cuestión de horas, María Jesús Montero manifestó su intención de buscar fórmulas para abortar esta maniobra. La diputada sevillana –que también fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía con José Antonio Griñán y Susana Díaz– anunció su intención de crear un tributo estatal que supondría, de facto, la reimposición del impuesto de Patrimonio en aquellas comunidades que lo tienen bonificado. Se trataba, por lo tanto, de una medida que afectaba a Andalucía y también al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, acusada reiteradamente por el PSOE, Podemos. De hecho, también era una exigencia reiterada de los partidos independentistas, que acusaban a Madrid de ejercer 'dumping fiscal'.

Tras la imposición del nuevo tributo por parte del Gobierno central, la Junta de Andalucía armó su recurso. El primer paso fue la petición de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que consideró fundada la interposición de medidas legales porque «el nuevo impuesto supone un ataque directo contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, en particular, contra la de Andalucía». Su aplicación invade «las competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas en relación con este impuesto e infringe normas como la Ley Orgánica de Financiación Autonómica o el Estatuto de Autonomía de Andalucía».

También puso el acento en el cariz político e ideológico de la medida, ya que el efecto práctico del impuesto es evitar la aplicación de las bonificaciones autonómicas en regiones gobernadas por el PP como Madrid (con un 100% de bonificación), Andalucía (100%) y Galicia (25% en 2022 y 50% en 2023). «Todo ello, además, sin posibilidad de acuerdo ni consenso, y sin utilizar el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto en la LOFCA para coordinar la actividad financiera de las comunidades de régimen común», denunció este órgano. Se trata de críticas que coincidían con la de numerosos expertos en fiscalidad.

Y en base a estos argumentos, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía presentó finalmente el recurso ante el Constitucional el pasado febrero. En la denuncia también alega que se «vulnera el artículo 23 de la Constitución en cuanto al procedimiento» de creación de este tributo, porque «se establece a través de una enmienda a un proyecto de ley», además de «vulnerar el principio de seguridad jurídica que viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución».

Hay que recordar que el impuesto de Patrimonio no existe en ningún otro país de la Unión Europea. «Ahuyenta el ahorro y la inversión, a los grandes inversores que queremos que vengan a Andalucía a crear empresas, empleo y riqueza». «Hay grandes inversores que viven en la costa pero que no tienen fijada aquí su residencia; queremos que se queden y que tributen aquí», sostuvo entonces Juanma Moreno.

No es el único frente abierto contra esta medida. El pasado febrero la Comunidad de Madrid también interpuso su propio recurso ante el Constitucional, con fundamentos jurídicos similares. Además del argumento de la invasión de competencias estatales, el Ejecutivo de Díaz Ayuso también alertó sobre el hecho de que el nuevo impuesto «atenta contra la seguridad jurídica, ya que su aplicación tiene efectos retroactivos para 2022 a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año». Esto supone «un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio», según reza el recurso de esta comunidad.