El exministro Bernat Soria pasa de «víctima» a presunto «defraudador» por no pagar una deuda

Tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consideran que el que fuera científico de cabecera en los gobiernos andaluces del PSOE cometió una «despatrimonialización fraudulenta» que hizo «inviable la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible». Los únicos activos de los que disponía Bernat Soria fueron transmitidos a sus hijas «sin ninguna justificación económica que no fuera el eludir el pago de sus deudas», argumenta el fiscal en un escrito dirigido el pasado 22 de agosto a la juez María Núñez Bolaños en el que se oponía al archivo de la investigación solicitada por la defensa del exministro.

En su declaración ante la juez en calidad de investigado por un supuesto delito de alzamiento de bienes, éste manifestó que se había desprendido de todo su patrimonio realizando una donación a sus dos hijas para cumplir con una «tradición» de su pueblo (el municipio valenciano de Carlet) y no para esquivar su embargo por una deuda de medio millón de euros que había sido condenado a devolver.

Para el Ministerio Público es «obvio» que éste «conocía de su existencia y del procedimiento civil de reclamación que se iniciaría para exigir su pago». Dando por válida la tesis de la Fiscalía, el Juzgado acuerda el procesamiento de Soria y de sus dos hijas por un presunto delito de frustración de la ejecución establecido en el artículo 257 del Código Penal, según recoge el auto de continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado dictado el pasado 14 de septiembre. Dicho delito, en el caso de que sea condenado, está castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El fiscal y la juez apuntan a que el deudor habría generado una situación de insolvencia deshaciéndose de sus bienes con el ánimo de perjudicar a su acreedor, el administrador de la empresa Vegetal Green S.L., que había adquirido el derecho de cobro de la citada deuda. El empresario presentó una querella criminal contra Bernat Soria como propietario de la empresa Newbiotechnic, cansado de recibir evasivas y falsas promesas de liquidación.

La Fiscalía cuestiona el comportamiento del exministro al solicitar el sobreseimiento de la causa. Ciertas afirmaciones expuestas por su letrado carecen de relevancia y otras se apartan del objeto de la investigación, tales como las referidas al origen de la deuda, la forma de proceder de la Agencia Tributaria o «la insinuación de que el querellado es la víctima de otros delitos cometidos contra él», señala. A su juicio, lo que pretendía es «generar confusión en unos hechos sencillos como son la realización de donaciones por parte del señor Soria a sus hijas» para esquivar un embargo de sus bienes.

Soria estuvo cobrando durante una década un sueldo de 150.000 euros anuales en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía que lo fichó en 2009, siendo consejera de Sanidad la actual ministra María Jesús Montero. El anterior Gobierno del PP y Ciudadanos lo despidió en 2019 tras descubrir que Soria había estado compaginando sus negocios privados en dos empresas con el contrato de alta dirección, incumpliendo una cláusula de exclusividad.