El exconsejero socialista Antonio Ávila, que estuvo imputado en los ERE, dará clases de Economía como profesor titular en la Universidad de Málaga

Su nombramiento aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este jueves 4 de septiembre, en el que el rector de la Universidad malagueña, Teodomiro López, firma la integración de Ávila en el cuerpo de profesores titulares con efectos económicos y administrativos de 24 de julio de 2025.

Ávila fue uno de los hombres fuertes en el Gobierno presidido por josé Antonio Griñán (2009-2013), quien fue condenado en la pieza política del caso ERE en una sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Tribunal Supremo y anulada después por el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. El tribunal que dictó la primera sentencia elevó el pasado mes de julio una cuestión prejudicial o consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando que la anulación parcial de las condenas de una decenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, invadía competencias del Supremo y vulnera el Derecho Comunitario.

Bajo la presidencia de Juan Antonio Griñán en la Junta de Andalucía, Ávila ocupó el cargo de consejero de Economía, Ciencia e Innovación desde marzo de 2010. En 2012, tras el pacto de gobierno suscrito entre PSOE e IU, añadió a sus competencias las de Empleo.

En junio de 2024 la Audiencia de Sevilla lo excluyó de la pieza separada de la macrocausa de los ERE por las ayudas de 54,2 millones de euros concedidas a la empresa Boliden-Andaluza de Piritas (Apirsa), para un ERE. El tribunal estimó que los hechos ya fueron objeto de la causa del «procedimiento específico» de presupuestación y financiación de los ERE fraudulentos, la denominada pieza política, en la que fue exculpado el exconsejero.

En el año 2023, el nombre de Ávila apareció entre los imputados en una nueva investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla por supuestos delitos continuados de prevaricación y de malversación de fondos públicos. En el epicentro de este nuevo frente judicial estaba la agencia IDEA, el organismo de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas arbitrarias a empresas con cargo al fondo de los ERE. Inicialmente, las diligencias se centraban en 48 operaciones de préstamos impagados concedidos por la entidad autonómica desde marzo de 1990 hasta octubre de 2009 a un total 36 empresas, fundaciones de universidades y la propia patronal andaluza.

La juez citó inicialmente como imputados a cuatro exconsejeros y otros 16 ex altos cargos y ex responsables que dirigieron la referida agencia pública. Sin embargo, con posterioridad la jueza dejó sin efecto dichas imputaciones, incluida la de Antonio Ávila, a la espera de recibir los informes a la Policía Judicial.