Un error judicial anula la causa contra ex altos cargos socialistas en Andalucía por los avales «ilícitos» de la Agencia IDEA a empresas

En aquel momento, la titular del órgano judicial era María de los Ángeles Núñez Bolaños, quien asumió los sumarios de presunta corrupción que afectaban a la Junta de Andalucía tras la marcha de la magistrada Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla. Las defensas de cinco investigados alegaron este defecto procesal ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que les ha dado la razón al estimar sus recursos de apelación.

En un auto de 21 páginas notificado este miércoles a las partes, facilitado a ABC, el tribunal formado por cinco magistrados acuerda declarar que la instrucción de los hechos supuestamente incriminatorios «concluyó» el 6 de junio de 2017. Toda la investigación posterior a esta fecha quedaría invalidada, como si no hubieran existido. Casi siete años de informes policiales y periciales, declaraciones y autos judiciales se han perdido por este olvido procesal en un juzgado con sobrecarga de trabajo, en el que confluyeron las macrocausas de corrupción.

En concreto, el recurso estimado por la Audiencia de Sevilla impugna un auto en el que se acuerdan diligencias para investigar el aval de 1,5 millones de euros que IDEA concedió a la empresa Tartessos Car S.L., un concesionario de venta y reparación de vehículos de Huelva. Pero los efectos de la anulación van más allá de esta pieza y afectan a toda la macrocausa que incurrió en el mismo defecto formal.

En mayo de 2022, el actual juez instructor, José Ignacio Vilaplana, citó a 23 personas como investigadas por los avales que IDEA «habría concedido irregularmente» a las entidades Tartessos CAR S.L. y Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas (SCAFA. La causa se dirige contra dos exdirectores generales de IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde, y otros cargos intermedios que integraban la comisión de valoración que validaba los avales en el citado ente público, como son Bienvenido Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA y cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez, y Antonio Diz-Lois Ruiz, antiguo director de Finanzas de la agencia pública.

El abogado que presentó el primer recurso contra esta causa alegando su vecimiento, Juan Carlos Alférez, fundador del bufete sevillano Constitución 23, prevé que todos los investigados verán archivada la causa tras esta resolución, «pues todos fueron llamados al proceso en fechas posteriores a la fecha de caducidad que la Audiencia nos da estimado.

La macrocausa de Avales II indaga la «indebida concesión» a empresas de este tipo de ayudas excepcionales por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Junta de Andalucía. Se trata de analizar si la figura de los avales sirvió como medio para hacer llegar de modo «ilícito» fondos públicos en favor de determinadas empresas que también recibieron ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE. Se investiga la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de los beneficiarios de ayudas y de los responsables políticos que distribuyeron las ayudas entre las empresas elegidas por «la mera voluntad» de los que entonces mandaban en IDEA.

El sumario se dividió en 19 piezas, tantas como sociedades recibieron dinero público de manera discrecional, sin atenerse a ninguna norma.

En su auto, la Sección Primera, ejerciendo función revisora y de control jurisdiccional, no puede obviar «un defecto procesal de tanta significación como indudable repercusión para el devenir del procedimiento». Señala que esta pieza no puede separarse de la causa matriz de la que surgió esta investigación, que data de 2014.

«La crisis procesal sufrida en las mismas cercena la producción procesal a fecha del 6 de junio de 2017 pues el aval concedido a la empresa Tartessos Car S.L. aparecía ya contemplado en la investigación matriz desde el año 2013 y se había acordado además las declaraciones con la condición de investigado y, en consecuencia, no estamos en las particulares circunstancias que se dan en este caso ante un hallazgo sobrevenido o carente de relación con la investigación originaria», advierte la Audiencia de Sevilla.

«La falta de cumplimentación en plazo de la prórroga» de la investigación solo puede tener la consecuencia que preveía el apartado 6 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), argumentan la sala, que apela a la jurisprudencia existente.

El letrado que representa a Jacinto Cañete y Bienvenido Martínez, Juan Carlos Alférez, considera que «la estimación de nuestro recurso en avales propios es la continuación de las mismas tesis que hemos sostenido desde Constitución 23 en avales reglados. La resolución de la Sección Primera es de una enorme altura jurídica y dirime con solvencia una cuestión jurídica de enorme calado y complejidad».

El sumario de los avales de IDEA, que empezó a instruirse en el año 2014, se fragmentó a su vez en dos macrocausas. Por un lado, se inició una investigación denominada Avales I, centrada en las ayudas de la agencia pública «regladas», es decir, concedidas al amparo de la orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de 5 de noviembre de 2008, que regula el Programa de Ayudas a Empresas Viables. El caso Avales II, por otro lado, analiza los denominados «avales propios» o «excepcionales» repartidos por la Agencia IDEA a las empresas beneficiarias de ayudas investigadas en el caso ERE.

El caso Avales, como tantos otros, surgió como una rama del frondoso tronco de la macrocausa de los ERE. Desde su apertura el 28 de enero de 2014, este sumario que afecta a la gestión de la Agencia IDEA no ha parado de dar tumbos y acumular retrasos.