Sin embargo, el contexto que envuelve a la nueva Ley no puede ser más convulso. Sin ir más lejos, este domingo 8 de enero el Partido Animalista PACMA convocaba manifestaciones en 27 ciudades españolas para pedir la inclusión de los perros de caza entre las coberturas legales.
El lema 'Ningún perro fuera de la ley' es la respuesta de estos colectivos a la enmienda planteada por el PSOE que dejaba fuera de la Ley de Bienestar Animal a las rehalas y canes de labor cinegética, y que prosperó gracias al apoyo de otras formaciones políticas como el Partido Popular, Vox, PNV o Coalición Canaria.
La lectura deja pocas sombras y evidencia el choque de posturas entre los socialistas y el equipo liderado por Ione Belarra. Desde Podemos se incluyó a los perros de caza en el texto original, una vuelta atrás que reclaman los animalistas.
La negativa del veterinario
Por otra parte, la Organización Colegial de Veterinarios expresaba sin ambages a comienzos de diciembre que esta Ley que pretende proteger a los animales no lo hará «como es debido» y que su uso redundará en constantes fallos. Esto se debe a que, según su criterio, se apoya en «conceptos abstractos, lo que evitará su aplicación real». Una de las quejas que este sector traslada es que no se menciona a los veterinarios dentro de la ley, lo cual encuentran un contrasentido.
Con todo, lo último que se maneja es una fecha de entrada en vigor, teniendo en cuenta la desgranada situación de bloqueo parlamentario en que se encuentra. 2023 es un año de elecciones y, según el cariz que está tomando este asunto, no siempre un partido está dispuesto a asumir un coste político si este es evitable.
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