Las empresas andaluzas rechazan el nuevo registro horario digital de la ministra Yolanda Díaz: «Es otro 'pagalo tú'»

Con la nueva norma, que entrará en vigor dentro de cinco meses sin el visto bueno del Congreso, Yolanda Díaz endurece las condiciones el registro horario obligatorio que implantó el PSOE en el año 2019 a través de una modificación del Estatuto Básico de los Trabajadores. Obliga a que el sistema de fichaje sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo. No se aumentarán las sanciones a las empresas incumplidoras, como inicialmente pretendía el Ministerio, porque ello exigiría un cambio legal para el que el Gobierno no tiene amarrados los apoyos parlamentarios, como quedó patente con el veto a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso, para gran enfado de la vicepresidenta primera del Gobierno.

La patronal que preside Javier González de Lara muestra su rechazo a «una medida intervencionista más en el ámbito laboral que se tramita sin consenso» y que ya está recogida en el Estatuto de los Trabajadores. «Ni siquiera se conocen todos los detalles de la nueva regulación, pero sí se aprecia prisa por aprobarla», afirma.

El nuevo registro horario digital inquieta a la CEA por dos razones. Por un lado, lo considera un síntoma más del «intenso intervencionismo» del Gobiernoo, «con objetivos que parecen estar alejados del aumento de la productividad y competitividad y la generación de empleo y riqueza en los territorios». Por otro, se trata de «una medida absolutamente invasiva en la capacidad organizativa de las empresas, que obligará a implantar costosos sistemas digitales y telemáticos» sin tener en cuenta el tamaño de las empresas. Aparte, cree que su cumplimiento puede dificultar la flexibilidad que muchas empresas tienen acordadas para facilitar las medidas de conciliación laboral y familiar.

Trabajo defiende el nuevo registro para evitar las horas extra impagadas. Según un informe de Comisiones Obreras elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2024, que recoge las horas extra trabajadas, tanto las pagadas como las no pagadas. El pasado año se realizaron más de 777.000 horas extra de media a la semana en Andalucía. De ellas, el 65% fueron horas abonadas o compensadas, mientras que el 35% (271.000 horas) no se habrían pagado, según CCOO, que aplaude la medida.

La CEA plantea también que el tratamiento de los datos de los trabajadores puede «contravenir» la normativa europea y exige un desarrollo reglamentario que salvaguarde una información de carácter personal. Trabajo rema en contra de la tendencia europea que se centra en reducir costes, normas y burocracia, le afea la patronal, que pide que la medida sea debatida en la Mesa de Diálogo Social.

A Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca), lo que más le preocupa es «tener que estar buscando al personal» para que nadie se olvide de fichar. «Con el papelito escrito, cuando faltaba un trabajador por registrarse podías avisarlo para firmar. Con un sistema informático tendremos que estar buscando a todo el mundo para que se registre. Todas estas cosas no son más que burocracia e intervencionismo, pero qué le vamos a hacer», se resigna este empresario con más de 60 años de experiencia en la hostelería.

El responsable de Horeca en Cádiz explica que el convenio laboral permite hacer hasta 80 horas extra al año pagadas. «No se pueden hacer más», precisa. Dicho acuerdo posibilita «una distribución irregular de la jornada» porque en verano se trabaja más en bares y restaurantes que en invierno. «Se pueden hacer hasta nueve horas de trabajo diario», especifica, y luego se compensa con el horario en temporadas con menos sobrecarga. «La hostelería es un servicio en el que no se trabaja más porque se quiera, sino que depende de los clientes que haya que atender», afirma Antonio de María.

El refuerzo del control de jornada es la única de las tres patas sobre las que se asienta el proyecto de ley de reducción de jornada que puede aprobarse sin pasar por el Congreso. Tras sacar a consulta pública el reglamento, el Consejo de Ministros aprobó su tramitación por la vía urgente. Esta precipitación ha sido criticada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien atribuyó que impulse esta medida extra parlamentariamente a que la ministra de Trabajo se ha cogido una «rabieta» tras el rechazo que obtuvo el proyecto de ley en el Parlamento.

La norma también recogía la reducción de jornada y el derecho a la desconexión digital, pero estas medidas requieren pasar por el Congreso al afectar a leyes en vigor.