Un empresario granadino de la trama asegura al juez que Koldo le pedía «buscar trabajo a gente del PSOE»

El pasado 4 de julio, el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Ábalos-Cerdán le preguntó a este empresario granadino investigado si alguna vez utilizaron este dispositivo a instancia suya. Ruz relató que al principio no entendía el motivo de comunicarse a través de este teléfono pero que el antiguo asesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le explicó que «a veces» le pedía «favores» como «buscarle trabajo a gente del partido», en alusión al PSOE. No entró en más detalles al respecto ni el juez le preguntó por ello.

En las conversaciones entre ambos analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ruz Martínez se refería a Koldo como «jefe» porque era una expresión que usaba como «granaíno». Leopoldo Puente, que investiga las presuntas mordidas que se habrían repartido los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, refiere que Ruz recibió supuestamente contratos de obras públicas amañadas «a cambio de determinados premios o beneficios económicos». En concreto, menciona que LIC obtuvo obras como la ejecutada en la A-12 (Camino de Santiago), así como proyectos en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios, en la estación del AVE de Elche, o en el acondicionado de una carretera en Teruel.

El 23 de noviembre de 2023, Koldo le contó a Ábalos que ya no le podía abonar la «pensión» porque «Pepe» Ruz habría dejado de abonarle los 1.100 euros mensuales que venía percibiendo periódicamente. La UCO sospecha que el empresario puso en nómina al asesor de Ábalos con un sueldo de 2.600 euros tras su salida del Ministerio de Transportes a través de una empresa interpuesta vinculada a Juan Carlos Etero. Ruz negó haber pagado un sueldo mensual de 2.600 euros a Koldo García, como apunta la UCO, sino que era un pago por un trabajo real.

«Parece que Koldo no hace para el Sr. Etero ningún servicio. Y que él es el intermedario que paga la nómina en vez de pagárselas usted. Eso es lo que parece del mensaje», le comenta el juez. «Sí, sí», le responde Ruz. «Yo sé lo que yo hacía, otra cosa es lo que al Sr. Etero le gustaría que pasase. Pero evidentemente en los audios… dice que no busque más trabajo con esta gente porque sabe que el procedimiento va a ser ese», dijo el empresario.

El magistrado encuentra «indicios bastantes» de la existencia de una rama andaluza dentro de la trama corrupta de cobro de mordidas que ha llevado a la cárcel madrileña de Soto del Real a Santos Cerdán, estrecho colaborador de Pedro Sánchez desde 2014. Antonio Fernández Menéndez, conocido como 'Toño', el que fuera coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, y su hermano Daniel recibieron supuestamente contratos públicos amañados «a cambio de determinados premios».

Cerdán, que dimitió como secretario de Organización del PSOE tras estallar el escándalo, estaba al frente de la presunta organización criminal junto a su antecesor en Ferraz, José Luis Ábalos, y el ex asesor de éste, Koldo García, que se lucraba con las adjudicaciones de proyectos millonarios a empresas como Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Áridos Anfersa, vinculadas a los Fernández Menéndez y radicadas en la provincia de Granada.

El juez instructor ve en la conducta del ex asesor del delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, y de su hermano indicios de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo. Según se desprende del informe remitido por la UCO, Toño actuaba como «administrador al menos de hecho o, cuando menos, de apoderado de la entidad mercantil OPR», para la que prestaba servicios profesionales especializados, cuando habría obtenido beneficios económicos de la adjudicación de obras del Ministerio estando «en connivencia» con Ábalos y Koldo García Izaguirre.

De las conversaciones de Whatsapp intervenidas se deduce que fue un directivo de Acciona (una de las empresas que más obras recibió de la trama), Fernando Merino, el que puso en contacto a los hermanos Fernández Menéndez con Koldo García. Merino está casado con Susana Fernández Menéndez y es, por tanto, cuñado de los dos empresarios granadinos.

Durante el interrogatorio, el fiscal preguntó a Toño y su hermano por qué se multiplicaron los encargos de obras a partir de 2019. Así recordó que hasta 2015, OPR solo tuvo dos contratos en el antiguo Ministerio de Fomento y tras el aterrizaje de Ábalos consiguió siete. «Los años de la crisis nadie facturó», contestó. El fiscal volvió a la carga y le dijo que antes de la reunión con Koldo, no habían recibido ninguna adjudicación. «Bastantes contratos», replico el excoordinador del delegado del Gobierno. «Sí, en el 2008», respondió. Al representante del Ministerio Público zanjó el asunto con ironía: «Curioso que se acuerde del 2008 y no del periodo por el que le pregunto yo».

En su auto, el juez relata que el 30 de abril de 2019, Javier Herrero, que era director general de Carreteras, le envió al exasesor del ministro el siguiente mensaje: «Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias». Ese mismo día se abrieron las ofertas del concurso para la adaptación parcial de la segunda calzada de la Autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina, en el Principado de Asturias, y que la adjudicataria era la UTE formada por OPR y Construcciones Pérez Jiménez, de la que Toño era apoderado, por valor de 7.383.932,05 euros, a pesar de que otras empresas habían presentado propuestas más económicas.

Durante el interrogatorio del juez, Daniel Fernández Menéndez reconoció que, a petición de Koldo, hizo las gestiones para que Áridos Anfersa, otra empresa de la trama, colocara a su esposa, Patricia Uriz. Su sueldo habría sido costeado por OPR con 1.300 euros mensualmente desde agosto de 2022 hasta junio de 2023, según la UCO.

El juez del Supremo fijó a los tres empresarios las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción tras sus declaraciones. Todos ellos deberán comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, pero a José Ruz, además, se le ha prohibido abandonar España y se le ha retirado el pasaporte.