La directora de la Guardia Civil dimite el día que investigan a su marido por un caso de corrupción de la Junta de Andalucía

Mediante una providencia fechada el 16 de marzo pasado y notificada a las partes este miércoles, el juez José Ignacio Vilaplana ha acordado ampliar las imputaciones en esta pieza desgajada del denominado caso Santana Motor, en la que aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales. Argumenta que tanto Manuel como Juan Carlos Martínez «pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado».

Por ello, el magistrado estima pertinente que ambos «sean llamados al presente proceso en calidad de investigados» para la mejor salvaguarda de sus derechos constitucionales, entre otros, los derechos a no declarar contra sí mismo y a un proceso con todas las garantías.

El Juzgado, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ya habían puesto en su punto de mira los negocios privados de Juan Carlos Martínez Martínez, que ha sido jefe de Gabinete del exconsejero Francisco Vallejo y director de Gabinete del que fuera secretario de Estado de Cooperación Territorial Gaspar Zarrías.

Mediante un auto dictado el pasado 22 de febrero, avanzado por ABC, el instructor de la investigación solicitó información a la Agencia Tributaria para averiguar si la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez Martínez, había transferido fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty S.L., para difuminar el origen del dinero irregularmente concedido por la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2011.

La sociedad Experience Management Group S.L. había facturado 280.975 euros a la agencia IDEA, sin que hubiera existido «labor de asistencia técnica», advirtió el juez. 

Para tratar de dar con la pista del dinero público, el magistrado dirigió hace justo un mes un oficio a la Agencia Tributaria requiriéndole un detallado informe sobre «las declaraciones presentadas y los datos fiscales» correspondientes a las tres sociedades vinculadas a los hermanos Martínez, que registraron movimientos de capital desde 2009 a 2011.

Bienvenido Martínez, el cuñado de Gámez, había desempeñado el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la agencia autonómica IDEA desde junio de 2008 a octubre de 2009. Dejó el cargo un día antes de que una entidad perteneciente a dicha agencia pública, Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L. (Fagia), contratara de manera irregular a su recién constituida consultora para gestionar el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid. Con apenas 24 horas de diferencia, su antiguo empleador, la Junta, se convirtió en el principal cliente en su nueva carrera como consultor.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura de la Policía Nacional en Sevilla descubrió transferencias desde la sociedad subcontratada a las empresas Job Management Liberty S.L., de la que es titular Juan Carlos Martínez, y Be Make Create S.L., propiedad de Manuel Martínez.

El juez lleva meses tras el rastro de los 1.364.034 euros que habría ingresado la empresa de Bienvenido Martínez entre 2009 y 2011, en su mayoría procedentes de entidades autonómicas. Por aquella época, María Gámez era delegada de la Junta en Málaga desde 2008 a 2010 y concejala en el ayuntamiento malagueño a partir de 2011.

Mientras Gámez hacía carrera política, las consultoras gestionadas por su marido y su cuñado facturaban con empresas subvencionadas. Ambos obtuvieron «importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosos ingresos de la Junta de Andalucía». Empresas como Isofotón, Inversión y Gestión Corporativa S.L. (la matriz de Magtel) y Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. fueron clientes de Job Management Liberty S.L., cuyo administrador único es el esposo de Gámez. Así lo recoge un atestado entregado en octubre de 2021 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investigaba el supuesto desvío de 36,1 millones de euros concedido a Santana Motor.

Dicha causa se centra en la concesión irregular de préstamos por parte de la Agencia IDEA a la factoría automovilística de Linares, propiedad de esta entidad de la Junta de Andalucía, incluso días después de cerrarla en febrero de 2011. Santana recibió 36,1 millones de euros en diciembre de 2009 para fabricar el todoterreno Iveco Massif.

El nombre de Juan Carlos Martínez apareció hasta en 19 ocasiones en el atestado policial que obra en el sumario de esta causa en la que inicialmente estuvo investigado. Hasta el pasado mes de julio, cuando el juez acordó excluirlo al considerar que no concurren «indicios racionales de criminalidad que supongan una probabilidad» de que haya tenido participación «relevante, finalista y deliberada» en la perpetración de los delitos que se investigan. Su hermano Bienvenido, en cambio, sí está procesado.