El ex director de la Faffe que pagaba puticlubs con dinero público rechaza su juicio antes del 28M y teme una «campaña política»

La defensa de Villén y de la otra acusada, Anna Valls, han registrado este lunes un escrito ante el tribunal del jurado que preside la magistrada Mercedes Alaya, que fue la juez que destapó el caso ERE. En sus alegaciones, los abogados le piden que deje sin efecto su programación del juicio con jurado popular y que «fije el nuevo inicio» a partir del 29 de mayo, al día siguiente de las votaciones y «cuando mejor convenga a la agenda judicial». El exdirector de la fundación compartirá el banquillo con la directora económico-financiera de la Faffe, Anna Valls Roc.

Según el relato de los hechos que recoge la magistrada, el ex alto cargo socialista llegó a realizar hasta 45 pagos distintos con cargo a la tarjeta corporativa en cinco locales de alterne diferentes. Utilizó tres de las seis tarjetas de crédito que tenía asignadas como máximo responsable de esta entidad de la Junta de Andalucía para abonar servicios por un importe total de 32.566 euros en locales de Sevilla, Cádiz y Córdoba donde se ejercía la prostitución entre los años 2004 y 2010 y y en quince días diferentes.

Las tarjetas estaban vinculadas a las cuentas de la fundación, que a su vez se financiaba principalmente con los fondos públicos que la Junta de Andalucía le inyectaba para dar una salida laboral a desempleados a través de la organización de cursos de formación. La Faffe, hoy disuelta, funcionó como una auténtica agencia de colocación para familiares y militantes del PSOE andaluz y cuya gestión investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Los letrados de ambos acusados, Adolfo Cuéllar y Manuel Salinero González-Piñero, temen que un juicio en unas fechas tan señaladas acabe convirtiéndose en una «campaña política que por su extraordinaria repercusión mediática pudiera influir en los jurados». «Debería resultar incuestionable que la merma de garantías constitucionales para las defensas, pudiera producirse ante la magnitud de la repercusión mediática que el asunto tendrá con un sesgo más que evidente», exponen.

Ambos representantes procesales apelan al «legítimo ejercicio del sagrado derecho a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución», para aplazar el enjuiciamiento a «un momento posterior a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, cuando más convenga a la saturada agenda judicial (teniendo en cuenta la preferencia del señalamiento de juicios del Tribunal del Jurado)».

En su escrito, los abogados aseguran que el caso de las tarjetas usadas en prostíbulos, que surgió como una investigación del fraude de formación, ya coincidió con la campaña de las elecciones autonómicas de 2018. Adjunta a su escrito informaciones periodísticas en las que se da cuenta de que el candidato del PP y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inició la última campaña electoral delante de un prostíbulo sevillano, Don Angelo, donde el exdirectivo de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), pagó con una tarjeta de crédito de la Junta diversos servicios en una sola noche que ascendieron a 14.737 euros.

«No sería necesario insistir que en la situación política (la realidad social) que vive nuestro país, este procedimiento será utilizado -dadas las peculiaridades de los hechos sometidos a enjuiciamiento- como arma política en la campaña electoral y lo más probable con importante virulencia«, argumentan los letrados. Aluden a la campaña electoral de autonómicas celebradas el 2 de diciembre de 2018, que desalojaron a los socialistas del poder después de casi 37 años ininterrumpidos. »Obviamente, la cuestión política no es de la incumbencia de nuestros patrocinados y de sus defensas pero si lo es la afectación que pudiera tener en el tribunal del jurado«, especifican.

Para justificar su postura citan un artículo del magistrado ponente que redactó la sentencia condenatoria del caso ERE en el Tribunal Supremo, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, quien se mostraba crítico en la revista digital Elderecho.com hacia el «juicio paralelo», entendido como el conjunto de informaciones y seguimiento que hacen los medios de comunicación sociales de un hecho sometido a investigación o enjuiciamiento judicial. En su opinión, «supone la posibilidad de campañas mediáticas mediante las que se pretende influir en la decisión del tribunal condicionando su imparcialidad, cuestión especialmente delicada en el caso del juicio ante el Tribunal del Jurado».

Mediante un auto dictado el pasado 21 de marzo y consultado por ABC, la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha programado siete sesiones de juicio oral tras la selección y constitución del jurado que debe determinar si el que fuera secretario de Empleo de la ejecutiva del PSOE andaluz (2008-2010) cometió delitos continuados de malversación y falsedad documental.

Según este cronograma, la audición del archivo sonoro y los informes de las acusaciones y defensas se leerán el próximo 26 de mayo, dos días antes de que se abran las urnas que deben elegir a los concejales en los distintos ayuntamientos. Será el 5 de junio cuando se le haga entrega del veredicto a los acusados, que han pedido su libre absolución. Alaya será la encargada de dictar la sentencia de acuerdo con lo determine el jurado.

El local que más frecuentaba, ya desaparecido, era Don Angelo, un extinto local de Sevilla sito en la avenida Manuel Siurot 62 de Sevilla, donde llegó a desembolsar un total de 25.277 euros repartidos en 29 abonos realizados en distintas fiestas.

En otro local de Sevilla, Top Show Girls, perteneciente a la entidad Electro Dance SL. 12 y sito en la avenida de Jerez de la capital hispalense, el exdirector de la entidad autonómica realizó siete cargos a la tarjeta por importe de 2.591 euros. En el establecimiento denominado La Casita, perteneciente a Restaurante I. Carrasco y radicado en la avenida de Andalucía de Sevilla, Fernando Villén realizó un único pago ascendente a 780 euros.

Su afición por este tipo de servicios se extendió a otras provincias andaluzas. En la Sala Delux, Pub La Movida, anteriormente denominada American Show, situada en la calle Platino de Córdoba, el exdirector de la Faffe endosó a la tarjeta de crédito hasta 1.390 euros mediante dos abonos. Por último, en el club Bahía 2, vinculado al Restaurante Bahía 16 y emplazado en la avenida del Mueble de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, Villén utilizó la tarjeta corporativa hasta en seis ocasiones y se gastó en total 1.931 euros.

El juicio complica la situación del PSOE cuando está siendo investigado por otro juzgado su exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni. El parlamentario canario del PSOE dejó su escaño en el Congreso tras destaparse una trama corrupta que recibía comisiones en especie -en forma de cocaína, fiestas con prostitutas y cajas de puros- por parte de los empresarios que acudían a él en busca de favores y ayudas.