Los diez frentes de María Jesús Montero contra la Junta de Andalucía

Desde entonces la número dos de Pedro Sánchez se desplaza cada fin de semana a Andalucía con un claro objetivo: atacar las políticas del PP acusando al ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla de estar escorándose a la derecha y hacer bandera de cualquier iniciativa que suponga hacer la oposición al PP y lastrar sus políticas.

Es, sin duda el tema más recurrente para atacar al Gobierno de Juanma Moreno. Desde hace varias semanas el asunto es recurrente y sale a relucir en todos los plenos del Parlamento andaluz, donde la nueva portavoz, María Márquez, o el diputado de turno se ocupa de sacar el tema.

Es un asunto recurrente pero desde hace unas semanas se ha convertido casi en el «monotema». Sobre todo desde que el Ministerio de Hacienda propuso condonar una parte de la deuda que Andalucía mantiene con el Estado, por un valor de 1.400 millones de euros. Sin embargo el ejecutivo de Juama Moreno, junto al resto de comunidades del PP, se levantó de la reunión y rechazó la oferta argumentando que su principal problema no es la deuda sino la infrafinanciación estructural que sufre la comunidad. La Junta insiste en la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de financiación en lugar de soluciones parciales como la quita propuesta.

La inmigración y, sobre todo, el reparto de menores no acompañados, los denominados «Mena» que llegan a las costas españolas es otro de los asuntos que ha generado una fuerte confrontación entre administraciones.

La cuestión se hizo mas patente cuando se conoció el acuerdo al que había llegado el Gobierno central con Junts para que la Generalitat se hiciera cargo de las competencias de inmigración.

La Junta de Andalucía, que sigue considerando «inconstitucional» el hecho de que se transfieran esas competencias, ha criticado el hecho de que a Cataluña solo se vayan a enviar una treintena de estos menores mientras que se plantee que cerca de 800 lleguen a Andalucía. Una situación que, a juicio de la Junta de Andalucía, podría provocar que se reventarse el sistema que ya está muy tensionado. De hecho en Andalucía los recursos se encuentran al 95 por ciento de su capacidad ya que desde octubre de 2023 los centros de la comunidad han acogido a 605 menores con apariencia de adultos que fueron remitidos desde Canarias.

Cuando se trata de criticar, sin duda la sanidad es un tema que siempre da juego. Sobre todo porque, por mucho que hayan bajado las listas de espera, en una comunidad autónoma con más de 8,6 millones de habitantes, siempre hay miles de personas que esperan para una intervención quirúrgica y otras tantas a las que la cita con el médico le tarda más de la cuenta.

Por eso Montero se puso hace unos días la camiseta de las manifestaciones y acudió a la movilización en defensa de la sanidad pública que convocaron sindicatos y Marea Blanca. La vicepresidenta, que fue consejera de Sanidad de la Junta con el Gobierno de Manuel Chaves, iba en primera fila para criticar la gestión y pedir una sanidad de calidad» y frente al «modelo» que «favorece la privatización» . Según dijo cuando vuelva a la Junta «volverá a poner la sanidad en lo más alto». Una manifestación «política», según la Junta, encabezaba por la «peor consejera de Sanidad» de la historia.

Enfrentar lo público y lo privado siempre ha sido una tema recurrente para el PSOE. Y eso ha hecho la número dos de Sánchez con las universidades sacando otra vez toda su batería de críticas y afirmando que los ricos «se compran títulos» en la privada. Unas críticas que llegan precisamente cuando la Junta ha renovado el mapa de titulaciones y firmado un acuerdo de financiación que supone una inyección de 21 millones a las públicas.

Con este tema se hace como con el anterior: un intento de enfrentar a la pública con la concertada. La crítica que sigue provocando movilizaciones y a la que Montero se apunta se basa en la reducción de unidades y la petición de una bajada de la ratio. Se obvia que los colegios andaluces han perdido en los últimos seis años más de 107.000 escolares.

Tampoco ha quedado fuera de la batalla la situación de la Justicia en Andalucía. Porque, en medio de la implantación de la nueva Ley de Eficiencia y con algunos juzgados señalando juicios para 2028, el Gobierno no ha atendido a las peticiones de más jueces que les formularon desde Andalucía. Mientras a Cataluña se le envían 60 nuevos juzgados a Andalucía, que pidió 56 órganos unipersonales y 15 colegiados, no le llega ninguno más.

Dos décadas después de que se construyera un hotel en terrenos protegido del parque natural Cabo de Gata-Níjar y de que varias sentencias declararan que había que demolerlo María Jesús Montero ha vuelto a sacar el tema a colación. El Gobierno ha iniciado la expropiación de los terrenos para demolerlos mientras la Junta de Andalucía insiste en que debe ser el Ayuntamiento de Carboneras el que revise la licencia de obras. Ahora el Gobierno central parece dispuesto a demoler la mitad del hotel.

La decisión de Hacienda de obligar a pagar el IRPF a las personas que cobren el Salario Mínimo Interprofesional ha abierto otro frente con la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno ha criticado duramente esta medida que obligará a tributar a cerca de medio millón de andaluces.

El PSOE consiguió desbancar de la Alcaldía de Jaén al PP. Un acuerdo firmado el pasado marzo entre el PSOE y Jaén Merece Más dejó fuera de la Alcaldía al PP y se la otorgó a Julio Millán. Fue un acuerdo que se cerró tras las promesas de Hacienda de otorgar 600 millones y un aluvión de inversiones en infraestructuras.

La última afrenta ha sido el anuncio de la eliminación de la gratuidad para el transporte en Andalucía para menores de 14 años, algo que la Junta llevará a los tribunales. Además, en esta materia la ministra también suele hacer anuncios cada vez que puede. Uno de los más sonoros fue e estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras por 1,2 millones. Para la Junta no es suficiente y llega «un poco tarde».