La deuda de un andaluz es menos de la mitad que la de un catalán

Andalucía asegura que rechaza esa quita. Y lo hace, entre distintos argumentos, porque entiende que ha hecho los deberes, mientras que este 'indulto' beneficia a los que han despilfarrado el dinero público, con condenas de prevaricación incluso para antiguos gobernantes catalanes.

La deuda de la Comunidad se ha reducido hasta el 18,8% de su PIB, la cifra más baja desde 2013, y se coloca entre las cinco regiones que menos deben por habitante. La deuda por cada andaluz asciende a 4.690,7 euros, frente a los 6.955 euros de media de las comunidades, y la comparación con Cataluña es escandalosa.

Un ciudadano andaluz debe menos de la mitad que un catalán, y es que la deuda por habitante de Cataluña llega a los 11.195,3 euros por cada vecino. De ahí la insistencia en esa 'limpia', que además puede olvidarla si se aprueba la financiación singular que ha prometido María Jesús Montero a cambio de que los socialistas continúen en Moncloa.

De los 40.490 millones de euros de deuda de Andalucía, el 58,7% (23.795 millones) se le adeuda al Estado, mientras que el porcentaje catalán sube hasta el 87,5%. Con la quita de 18.000 millones, la Junta vería reducido su compromiso de pago hasta casi la mitad. Pero el Ejecutivo andaluz, y así los datos lo avalan, no sufre un problema de deuda. Es más, cuenta con «tanta solvencia», apunta el presidente Juanma Moreno, que a partir del año 2026 no necesitará «ningún instrumento del Estado para financiarse». Es la primera Comunidad Autónoma bajo el paraguas del Estado que va a lograr la autonomía financiera al cien por cien.

Esa condonación no supone un ingreso de 18.000 millones de euros para que la Junta lo pueda invertir en Sanidad, en Educación, en arreglar los problemas en la Dependencia o en fomentar la construcción de vivienda pública. Es un ajuste contable, y esa cantidad pasa del balance autonómico al nacional. Se beneficiaría de la supresión del pago de los intereses (lo cual implica una reducción del déficit), que el economista José María O'Kean calcula en unos 400 millones al año. Pero queda en el aire, aún, si ese dinero se puede utilizar para el pago de gastos corrientes que ayuden a solucionar problemas con las listas de espera o asistencias, o irá directamente a la amortización de la deuda.

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«Habrá que leer bien la letra pequeña», apunta el catedrático de Economía y profesor universitario en San Pablo de Olavide. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) señala que «este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas». No irá a médicos, enfermeros o profesores. Esto llevaría a incumplir la regla de gasto, el instrumento de disciplina presupuestaria que intenta garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, un hecho clave tanto para asegurar la fiabilidad en la Unión Europea como en el mercado.

No obstante, el Gobierno sí insiste en sus comunicados de prensa que el Gobierno de Juanma Moreno podrá contar «con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales», pese al rechazo de esa entidad independiente que vela por la responsabilidad de los países de la Unión Europea.

Los expertos advierten de que en la UE no gustan las condonaciones de deuda porque son «un aviso a navegantes». Quien quiera puede endeudarse porque luego llegará la amnistía, premiando la mala gestión por delante de la responsable. El Gobierno andaluz destaca que en 2018 «se pidieron 4.000 millones de euros al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Desde la llegada de Juanma Moreno, se ha ido reduciendo paulatinamente la dependencia del Estado. En 2025 se solicitaron 737,5 millones de euros. Y en 2026 ya no se solicitará ni un euro».

El presidente andaluz, desde la posición solvente de su mandato, lidera esta 'insumisión' de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. De momento, y pese a que de principio les beneficia en mayor o menor medida, se resisten a aceptar esa quita, que es voluntaria.