La dependencia llega a situación límite en Andalucía: el déficit alcanza los 165 millones

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha iniciado ya los procedimientos de modificaciones de créditos y aportaciones extraordinarias para garantizar el funcionamiento del sistema. El pasado 19 de noviembre se autorizó, de hecho, la primera de estas transferencias por un importe de 22 millones de euros procedentes de inversiones que estaban programadas en la Consejería y vinculadas a fondos europeos pero que quedan aplazadas al próximo año 2025. Estos 22 millones de euros han permitido pagar 'in extremis' las cuotas correspondientes al mes de noviembre.

A esta transferencia le seguirán otras en las próximas semanas, según confirman desde la Consejería de Inclusión Social: «El déficit se va a cubrir a través de reorientación de fondos propios, generando nuevos recursos dado que se ha cumplido con los objetivos marcados por el Ministerio en torno a las prestaciones y con nuevas nuevas transferencias que realizará la Consejería de Hacienda».

El origen de este déficit en el sistema de financiación es múltiple. Por un lado, según recoge el propio expediente el Decreto 625/2023 supuso la regularización de las prestaciones y nuevas cuantías a partir del 1 de agosto de 2023 «por lo que los créditos consignados en el presupuesto para prestaciones económicas no cubren ni el mantenimiento de los beneficiarios a 31 de diciembre de 2023». De hecho, el déficit en relación con estas prestaciones económicas se ha disparado ya hasta los 57 millones de euros una vez que al cambio normativo se ha unido el incremento de los beneficiarios.

Desde la Consejería se añade como explicación los efectos de la prórroga presupuestara del Gobierno de España para 2024 (que va a a continuar al menos en el inicio de 2025). En este caso el impacto son 200 millones de euros extra de financiación para dependencia que no se han llegado a ejecutar.

Del mismo modo, influye en el déficit que el Gobierno decidiera aumentar las horas de ayuda a domicilio o que se están produciendo retrasos en justificaciones de gasto emitidas por distintos ayuntamientos. Esto está provocando que tengan que abonar ahora facturas de ejercicios anteriores, mermando aún más el presupuesto disponible.

El aumento del número de las prestaciones y de los servicios que se deben abonar ha provocado que se dispare el coste de la dependencia en Andalucía. En este año 2024, el presupuesto global del que disponía la comunidad autónoma era de 1.963 millones de euros, unos recursos récord para la comunidad autónoma. Para 2025 suman aún más y el proyecto que se encuentra a punto de su aprobación en el Parlamento reserva a este derecho 2.331 millones de euros.

La gran reivindicación de la Junta de Andalucía en este sentido es que el Gobierno central, como preveía la ley de 2013 que creó el derecho a la dependencia, es que el Gobierno central pueda asumir el 50% del coste. En el caso de Andalucía esto supondría más de 1.000 millones de euros. En el caso del País Vasco, con un reparto peor en estos momentos, el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con el PNV sí fijó el compromiso de un reparto a partes iguales aunque no se ha materializado aún.

Este reparto al 50% no se produce en estos momentos en ninguna comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, una de las que tiene un reparto más equilibrado, en 2023 la aportación estatal fue del 37,74% (un total de 729 millones de euros). En 2024, hasta el mes de septiembre se habían transferido 587 millones de euros por lo que la previsión es que se superen los registros del año anterior.

Al margen de los problemas económicos, la Junta de Andalucía sigue en proceso de intentar resolver los graves problemas de tramitación que existen en el servicio y que han provocado que se disparen los tiempos de espera para acceder a las prestaciones.

El último informe, publicado por el Ministerio a través del Imserso, fija el plazo medio que necesita una persona para acceder a una prestación en 618 días, es decir, más de 20 meses. Se trata del tiempo más elevado entre las comunidades autónomas sólo seguido por Canarias, con 574 días, y la Región de Murcia con 514 días.

El número de personas en listas de espera, sin embargo, sí se está rebajando por parte de la Administración autonómica según los datos del Ministerio. En estos momentos hay 52.895 personas a la espera de recibir una prestación en Andalucía.