El déficit de viviendas en Andalucía sigue creciendo: faltarán 90.000 pisos en el año 2025

Para la Junta de Andalucía, el principal problema de la vivienda en Andalucía es la falta de oferta. Como base para este diagnóstico, la Consejería utiliza el último informe del Banco de España que establece que en Andalucía el año 2023 se cerró con un déficit de viviendas nuevas en relación con la demanda existente de nuevos hogares de casi 60.000, una cifra que se elevará en otras 30.000 más en 2025. En total, por tanto, el déficit acumulado asciende a 90.000 nuevos pisos. Es el resultado de la evolución del sector durante los últimos ejercicios. Entre 2000 y 2010 se finalizaron 102.000 viviendas y entre 2010 y 2020 apenas 12.000.

Para la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que compareció ayer en el Parlamento andaluz, revertir esta tendencia y frenar este déficit es la base de la nueva ley y de la estrategia autonómica. De hecho, desde lo público, afirmó que ya se han lanzado 10.258 nuevas viviendas protegidas.

El segundo factor clave de la subida de precios y del empeoramiento del problema de la vivienda en Andalucía es según la Junta la nueva ley estatal. Esta normativa fijó la posibilidad de que las administraciones autonómicas intervinieran en el mercado del alquiler a través de la declaración de zonas tensionadas. Un año después sólo lo ha hecho Cataluña. Ayer, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a actuar conforme a la normativa. También lo hicieron en el Parlamento los grupos de PSOE y la coalición Por Andalucía.

Sin embargo, la posición de la Junta es completamente opuesta. Las autonomías deciden si aplican o no la norma. Y la consejera Rocío Díaz subrayó ayer de nuevo que el Gobierno andaluz rechaza cualquier actuación «intervencionista» sobre el mercado de la vivienda. Es más, considera que el problema de la vivienda deriva de los mensajes que se han lanzado en torno a la ley estatal y que han reducido la oferta. La nueva ley andaluza, cuyo anteproyecto se aprobará en julio, viene de hecho con el objetivo de «reparar el daño» de esta normativa. No sólo no se aplicará la ley estatal, sino que habrá una legislación autonómica que la contrarreste.

Pero existe un tercer factor, además de la falta de vivienda nueva y de los posibles efectos de la nueva ley: el impacto de la vivienda turística en la oferta y en los precios especialmente en los núcleos urbanos.

La Junta de Andalucía defiende el paso dado este año con la aprobación del nuevo decreto sobre viviendas turísticas. Así lo hizo en el Parlamento la consejera Rocío Díaz. Pero la oposición reiteró su denuncia: no hay una normativa autonómica suficiente para afrontar este fenómeno y hay dudas e e inseguridad jurídica en los ayuntamientos que tienen que regularla. De ahí las diferencias de mensajes entre ciudades como Cádiz o Sevilla.

En este sentido, el PP andaluz se inclinó ayer más por el primer modelo: puso a Cádiz como ejemplo por anunciar que no dará más licencias de viviendas turísticas en el casco antiguo.