La actividad ilegal se desarrollaba en el inmueble ubicado en la localidad de Chiclana de la Frontera, que era utilizado como prostíbulo clandestino.
En el momento de la intervención policial fueron localizadas diez víctimas de trata, a las que se suman otras cinco mujeres identificadas previamente, elevando a 15 el total confirmado hasta la fecha. No obstante, los investigadores consideran que el número podría ser aún mayor, ya que en el inmueble solían encontrarse más de una docena de mujeres explotadas simultáneamente.
Las víctimas vivían en unas condiciones «gravemente degradantes»
El inmueble, que se encuentra en una parcela rústica con diversas construcciones añadidas, funcionaba como una auténtica casa-prostíbulo en la que las mujeres eran tratadas como mercancía. La vivienda estaba equipada con numerosas cámaras de video vigilancia destinadas tanto al control permanente como a detectar cualquier intervención policial.
Allí, las víctimas compartían camas dobles, habitaciones, electrodomésticos y baño, generalmente por parejas para evitar conflictos que pudieran afectar a los ingresos derivados de la explotación.
Todas ellas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, entregando la mitad de los beneficios obtenidos. Además, la mayoría se encontraba en una situación administrativa irregular, lo que incrementaba su vulnerabilidad.
Durante el operativo, se intervinieron 28.000 euros en efectivo, numerosas armas de aire comprimido, así como documentación contable que acredita el elevado volumen de ingresos generado por la actividad ilegal. Además, se incautaron otros efectos que ayudan a la investigación policial.
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