Vecinos de la Fuensanta exigen que se actúe contra una asentamiento que genera inseguridad e insalubridad

Se trata de los pasajes Granada y Pantoja y la calle Familia Annea, en las inmediaciones de un centro de acogida, en donde las asociaciones vecinales La Paz y Santa Victoria y Virgen de Linares han denunciado, además del deterioro del mobiliario y de equipamientos como la zona de juegos infantiles, la consolidación de un asentamiento ilegal con tiendas de campañas que convierten «en un peligro transitar por esta zona», ha explicado en un comunicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Rafael Pedrajas.

Ante esta situación, la presidenta de la federación vecinal, Isa Sereno, ha remitido un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo para denunciar la instalación de estructuras que se van consolidando, «ocupando espacios públicos y equipamientos, una situación aún más grave por la cercana presencia del centro de acogida que presta atención a personas en situación de vulnerabilidad y que, particularmente, podría verse afectado por este asentamiento irregular», ha explicado en su escrito Sereno.

Para el presidente de la asociación vecina La Paz y Santa Victoria, el malestar no se limita a la inseguridad que sufre la ciudadanía, ya que también las «evidentes infracciones dan una imagen de impunidad, por inacción de responsables locales», un mal ejemplo que «se va extendiendo peligrosamente a otras zonas del barrio».

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Al respecto, Pedrajas cita también las frecuentes intervenciones de los bomberos para apagar contenedores que se incendian en las inmediaciones, que se haya tomado el parque infantil para «consumo de drogas y alcohol y se llene de basuras y deshechos o que lleguen a abandonarse elementos como ruedas o parte de carrocerías de coches en el entorno como si se tratara de un vertedero».

Ante los temores del vecindario, y haciendo constar la voluntad de «colaborar en lo necesario», el escrito firmado por la presidenta de Al-Zahara y dirigido a la Gerencia solicita «una inspección urgente del área afectada», así como «una intervención por parte de los servicios municipales competentes» para abordar la situación de estas personas «de manera integral, buscando soluciones dignas y respetuosas con los derechos humanos pero garantizando también la legalidad y la seguridad de todo el vecindario», ha añadido.