El TSJA declara ilegal el premio de funcionarización

En la Universidad de Córdoba (UCO), el reconocimiento de quinquenios llegó en 2015, pero sólo administrativo y para el profesor contratado doctor, con contrato fijo y a tiempo completo. El reconocimiento total (administrativo y económico) de quinquenios y sexenios llegaría años después, con la Mesa General de Negociación entre las universidades andaluzas y los sindicatos en febrero de 2018.

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Aunque se había establecido un régimen transitorio para que los profesores contratados a dicha fecha pudieran cobrar el premio de funcionarización hasta febrero de 2021, en la reunión de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (Civea) del citado convenio (abril de 2018), se vino a interpretar que dicho premio no se había extinguido y que había que seguir abonándolo. Así lo creía -pues estuvo en la negociación- y manifestó públicamente en mayo de 2022 el entonces candidato a rector de la UCO, doctor en Ciencias Matemáticas y catedrático Manuel Torralbo.

Ya de rector el profesor Torralbo, y en este tiempo, sólo han cobrado el premio de funcionarización quienes sacaron sus plazas de profesor titular de Universidad en 2022. Quienes accedieron a funcionarios en 2023 y 2024 seguían esperando, entre informes jurídicos de uno y otro signo (yo mismo hice uno a favor), su cobro. El rector nunca se ha negado a pagarlo, pues en diversas reuniones y en el Consejo de Gobierno siempre ha dicho que en su fuero interno pensaba que no se había extinguido. Sí es verdad que estamos en octubre de 2025 y que, en buena lógica, los funcionarios de 2023 y 2024 deberían haberlo ya cobrado. Se estaba a la espera de un nuevo informe de la Asesoría Jurídica de la UCO, y entre tanta espera y espera, ha llegado la aludida sentencia del TSJA en la que la Sala, con una contundencia extrema y con condena en costas en primera instancia para la demandante, indica literalmente que este premio de carácter compensatorio es de creación extralegal y, consecuentemente, infringe el principio de reserva del Ley que afecta al régimen retributivo de los funcionarios públicos (en concreto, el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 63.2 de la Ley 5/2023, de Función Pública de Andalucía).

La sentencia sí reconoce una obviedad, y es lo que ya ha conseguido la lucha incansable de sindicatos y comités de empresa, con sentencias de juzgados y tribunales dictadas a su favor: que todo el PDI laboral pueda optar a la consecución de tales méritos. Se comenzó con los ayudantes doctores, después con los profesores sustitutos interinos (PSI) a tiempo completo y, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas la meritada STS (Sala Cuarta, de lo Social) 748/2025, de 23 de julio, los profesores asociados y PSI que estén a tiempo parcial.

¿Y ahora qué? Aunque cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del TS, no prosperará. La única forma de que se pagara este premio sería darle cobertura legal, algo similar a lo que se hizo en su día en la UCO con el pago del premio de jubilación. Está también el inconveniente de que, desde el plano económico, unas universidades están mejor que otras. La UCO, sin ir más lejos y tal como manifestó el rector en el último Consejo de Gobierno, está haciendo un enorme esfuerzo económico para que quienes se acreditan a profesor titular o catedrático puedan pasar directamente, sin oposición y sin tener que esperar a terminar su contrato temporal, a un contrato indefinido. Y ello, aunque tal paso implique la pérdida de la financiación por parte del Ministerio de estas plazas de Ayudante Doctor (María Goyri). Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios (San Mateo 22.21).

(*) Herminio Padilla es profesor de Derecho Penal en la UCO