El tribunal retira el delito de malversación y sólo acusa a tres cargos de Diputación por prevaricación en unos contratos

Al comienzo de la primera jornada de esta vista que continuará la próxima semana, el tribunal ha retirado la acusación de malversación de caudales públicos de los que venían acusados estos responsables de las contrataciones junto con el delito de prevaricación por parte de la Fiscalía.

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Junto a ellos otros dos acusados sólo por parte de la acusación particular de un delito de tráfico de influencias han negado que su participación para favorecer la contratación de una arquitecta técnica amiga de la hija de uno de los acusados en lugar de un arquitecto técnico el único que había en la bolsa de trabajo.

Sin embargo, uno de estos dos funcionarios de este área acusados sí ha reconocido ante el tribunal que comunicó a la amiga de su hija -antes de que se convocara públicamente la plaza de arquitecto técnico para el SAU de Baena- que iba a salir la plaza y que se dirigiera al SAE para informarse.

Los tres responsables de la Institución Provincial vienen acusados por la Fiscalía de Córdoba de un delito continuado de prevaricación administrativa por «torpedear» el acceso de un arquitecto técnico -único en la bolsa de interinos de la institución provincial- a dos procesos selectivos de plazas de esa categoría. Los tres acusados se enfrenta a penas de 12 años de inhabilitación solicitada por la Fiscalía para empleo o cargo público, con la concurrencia de la atenuantes de dilaciones indebidas.

La ex diputada provincial de Recursos Humanos y Hacienda, María Ángeles Llamas ha eludido cualquier responsabilidad en la contratación de este proceso selectivo que si bien firmaba «no tenía conocimientos técnicos ni legales para dudar de lo que le presentaban los técnicos y funcionarios de carrera».

«Yo recibía el informe del jefe de Recursos Humanos con qué tipo de contrato y a quién. Si había dudas que me plantearan los sindicatos o cualquier otra persona preguntaba al jefe de Recursos Humanos ¿Qué tenía que hacer creer lo que decían los sindicatos o los técnicos de la casa?»

«A mí se me ha presentado todo hecho. Yo podría firmar miles de contratos; cuando los sindicatos me dijeron que ese contrato no estaba bien ese contrato ya se había hecho», ha reconocido ante el tribunal.

Echando balones fuera, eludiendo cualquier responsablidad política, Llamas ha admitido que «no tenía capacidad ni conocimientos legales y hacía lo que me la marcaba mi jefe de servicio».

La ex diputada socialista ha negado que conociera a los arquitectos técnicos que iban a ser contratados e incluso ha llegado a señalar que «no sabía ni dónde estaba el servicio de arquitectura de la Diputación».

En una declaración durante más de dos horas el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial en 2008 a preguntas de la Fiscalía se escudó en la «la complejidad de los contratos administrativos« para no contestar con rotundida si se debía llamar o no como unico interino de la bolsa a este arquitecto técnico para cubrir una plaza que finalmetne se hizo con un contrato en prácticas.

En este sentido, este acusado ha declarado que «no se pueden extraer conclusiones porque hay mucha casuística. No estamos en un caso de que se produzca una vez al año sino del día a día para cubrir estos trabajos».

Una testigo, antigua delegada del CSIF en la Diputación, ha declarado que «la bolsa de trabajo está para seguirla no para saltársela».

Durante el juicio se ha aludido en varias ocasiones a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Córdoba en octubre de 2009 que declaró «el derecho del único integrante de la bolsa a ser nombrado para cubrir interinamente, y a su elección, la plaza de arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de Baena o de Montilla vacantes en su momento».