Uno de cada tres cordobeses tarda más de un año en ser valorado de la Dependencia

Eso se traduce en que casi el 30 por ciento de los cordobeses que prestaron su solicitud en la administración regional para ser atendidos por los servicios de valoración en la provincia de Córdoba hasta abril de este año necesitaron más de un año de espera para ser recibidos en las consultas, según detallan los datos de la administración andaluza en una respuesta parlamentaria por escrito del gobierno de Andalucía a una pregunta presentada por Vox.

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Además no se queda ahí la situación, ya que el 61,7 por ciento de los cordobeses (casi el total del resto de dos de cada tres) tuvieron que sufrir una espera entre seis meses y un año para tener una valoración de los servicios públicos de la consejería desde su solicitud. Unas cifras que demuestran la falta de agilidad en el paso inicial de este largo procedimiento.

Sólo menos de uno de cada diez ciudadanos de la provincia cordobesa tuvieron la 'fortuna' de que su procedimiento administrativo tardase menos de medio año desde su solicitud hasta conseguir la resolución de la valoración de su grado de Dependencia. En estos casos, apenas 2,4 por ciento tuvieron una espera inferior a tres meses, mientras que el 6,7 por ciento debió esperar entre tres y seis meses.

En número de expedientes administrativos, las cifras son claras, rotundas y quizás también preocupantes. En Córdoba se tramitaron 6.089 solicitudes entre enero de 2022 y abril de 2023, según exponen los datos oficiales de la Junta. En este caso, 1.778 tardaron más de un año en ser valorados desde la fecha de la presentación de la solicitud. Hubo 3.756 expedientes, la mayoría de los casos, en los que tuvieron una espera de seis meses a un año. Apenas 408 estuvieron en 'lista de espera' entre tres y seis meses. Por último, sólo 147 personas esperaron menos de tres meses.

En este sentido es importante explicar que, aunque no hay una obligación legal marcada, sí que es una costumbre y una norma no escrita que la administración andaluza trate de dar prioridad y celeridad a los casos en los que la solicitud es para la valoración de un niño menor de edad. Sólo hay que pasar por un servicio de atención de este tipo para confirmar esta tendencia desde cualquiera de los funcionarios. En estos supuestos, los plazos suelen estar generalmente en la parte más baja de la horquilla de tiempos de espera.

Los números reflejan que hay seis municipios de Córdoba en los que el atasco en la valoración de la dependencia es mayor que en el resto de la provincia. Son localidades en los que más del 70 por ciento de las solicitudes tardan más de un año. En esta situación están Palenciana, donde todos los expedientes (12) tardan más de un año, Moriles con el 91 por ciento por encima de los doce meses de espera, Villanueva de Córdoba (82 por ciento), Encinas Reales (81 por ciento), Villanueva del Rey (75%) y Torrecampo (71%).

En el otro lado de la balanza, están los municipios en los que menos tardan en valorarse a un ciudadano desde la solicitud del reconocimiento del grado de Dependencia hasta su valoración. En este caso, todos los expedientes se resuelven antes de un año en Villaharta, Valsequillo, Fuente La Lancha y El Guijo. También están por debajo de un año para nueve de cada diez personas en Adamuz, Bujalance y El Carpio.

Sin embargo, el problema de la Dependencia no se limita al tiempo de espera desde la solicitud hasta la valoración de los servicios públicos que deben realizarla con los medios humanos, materiales y económicos de los que disponen. El segundo obstáculo temporal que tienen que salvar los solicitantes es, una vez conseguida la resolución del grado de Dependencia, el atasco temporal y de usuarios posterior para recibir alguna prestación, es decir, el programa de atención individualizada (API).

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Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía a los que ha tenido acceso ABC, en la provincia de Córdoba quedan 3.515 personas que están pendientes de la prestación (Plan Individual de Atención, PIA) para ayudarles de acuerdo al grado de Dependencia reconocido, a fecha de abril de 2023. En este caso, se trata de 2.057 mujeres y un total de 1.458 hombres. Demasiados expedientes. Casi el 10 por ciento de las solicitudes históricas.

El desglose por municipios refleja que, lógicamente, las localidades con más habitantes son las que acumulan más casos pendientes. Córdoba ciudad es la única que tiene a más de mil personas en espera: 1.292 en concreto. Le sigue Lucena, con 237, Cabra (180), Baena (162), Puente Genil (111) y Montilla (107).

Las respuestas parlamentarias de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, María Dolores López Gabarro, dejan más datos, cifras y números escalofriantes sobre el atasco que sufre ahora mismo los servicios de Dependencia en la tramitación de expedientes administrativos.

En primer lugar, el tiempo medio de espera en Córdoba desde la solicitud hasta la resolución del grado en 2022 (año completo, del 1 de enero al 31 diciembre) ha sido de 291 días, es decir, rozando los diez meses de larga espera. Ahí no se acaba el camino para recibir la atención de los servicios públicos. A ello hay que añadir que el tiempo medio de espera desde la resolución del reconocimiento del grado hasta la resolución del reconocimiento de una prestación de Dependencia fue en 2022 en la provincia de 164 días más.

En conclusión, el tiempo medio de espera en Córdoba desde la solicitud de una persona de la Dependencia hasta que la administración andaluza le reconoce una prestación para ayudarle en su tareas cotidianas es de 473 días, según las cifras oficiales publicadas por la propia consejería para la provincia cordobesa. Es decir, desde que una persona presenta su solicitud de Dependencia hasta que recibe la resolución de una prestación (la tramitación del proceso completo), la Junta tarda de media más de un año y tres meses.

En números totales (hasta el 31 de diciembre de 2022), Córdoba contaba más de 45.000 solicitudes para la valoración del reconocimiento del grado de Dependencia, de las que más de 33.000 habían tenido una resolución favorable con grado y algo más de ocho mil a las que no se les había reconocido grado, para dejar más de 3.500 pendientes aún de valoración. Entre las personas con grado reconocido, la Junta de Andalucía cuenta en Córdoba con más de 29.000 personas que son beneficiarias de alguna prestación, que reciben en total casi 44.000 prestaciones (ya que una persona puede recibir más de una).