Seguridad
Siete municipios de Córdoba tienen permiso judicial para vigilar las calles con cámaras
El TSJA tiene una sala especial que supervisa que los proyectos presentados preserven los derechos constitucionales de la ciudadanía
Lucena solicita permiso para realizar vigilancia con un sistema cerrado de cámaras
El alcalde estudia aplicar medidas propuestas por los vecinos para el control de la seguridad
La instalación de videocámaras para velar por la seguridad de los vecinos como complemento a la Policía Local, Nacional o Guardia Civil en los municipios cordobeses ha proliferado en el último lustro. El Ayuntamiento de Lucena anunció esta misma semana en el Pleno que ... que iba a solicitar a la Subdelegación del Gobierno autorización para instalar estas tecnologías en las zonas de ocio del centro de la ciudad, algo que ya había pedido la asociación de vecinos Convivencia Digna Lucena ante la proliferación de altercados de orden público que se produjeron en este entorno del centro urbano durante el primer semestre.
El Ayuntamiento lucentino ha tenido que seguir los pasos de otras localidades cordobeses y elevar su petición a la Subdelegación del Gobierno que a su vez elevará la petición con la correspondiente justificación de su idoneidad a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este órgano del que forman parte, además del presidente del TSJA, el fiscal jefe del tribunal, un abogado del Estado, un alcalde representante así como expertos asesores entre otros componentes, ha autorizado diez instalaciones de este tipo en siete localidades de la provincia de Córdoba desde el año 2016 hasta hoy.
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El primer ayuntamiento en solicitar esta instalación fue en 2016 Hornachuelos, seguido de Carcabuey en 2017. Fue en el año 2019 cuando más municipios solicitaron este tipo de dispositivos de seguridad ciudadana con Iznájar, Carcabuey de nuevo y Posadas. Un año más tarde, la autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia daba luz verde a su instalación en Cabra. Posteriormente, fue Posadas la que obtenía una nueva autoirzación para su instalación pero provisional, es decir, sólo para un momento concreto y en un lugar exacto. En este caso, la Feria de esta localidad de la Vega del Guadalquivir, según informaron a ABC fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.
Este mismo tipo de autorización para vigilar durante la Feria de Mayo fue la que solicitó el propio Ayuntamiento de Córdoba en dos ocasiones, una en 2021 y otra este mismo año 2022, según constataron a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Supuestos tasados
La clave para su autorización tiene base jurídica porque la instalación de videocámaras no se justifica legalmente en todos los casos, sino sólo en aquellos supuestos en los que «la finalidad de vigilancia no pueda satisfacerse mediante otros medios« sin que se exijan unos esfuerzos desproporcionados y sólo son admisibles cuando no exista otra.
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En concreto, se pide siempre que se busque un medio menos invasivo para la intimidad. Estos requisitos los cumplía el Ayuntamiento de Cabra cuando solicitó por primera vez videovigilancia en una calle peatonal con edificio de usos múltiples que le fue concedida en 2020.
La experiencia del uso de la videovigilancia en Cabra ha sido más que satisfactoria, cuenta el concejal de Seguridad del Consistorio egabrense, Guillermo González. En su caso, explica, «desde Seguridad empezamos a instalar cámaras de videovigilancia en 2014 en las calles de la zona centro, como, por ejemplo, para para la vigilancia del edificio municipal en la plaza de España. A esto se unían otras cámaras para el control del tráfico y de edificios municipales».
Experiencia positiva
El mayor beneficio para los vecinos egabrenses es que estas imágenes recogidas por las cámaras -y que se borran a los 30 días- han ayudado a resolver una altísimo número de hechos delictivos, tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional (que opera desde la Comisaría de Lucena-Cabra) a lo que se unen otras cámaras para regular el tráfico en avenidas, accesos a la ciudad o pasos de peatones.
La última instalación de estas cámaras de videovigilancia por parte del Consistorio ha sido en la calle Parrilla del casco urbano de Cabra. Una calle peatonal donde además aprovechan estas cámaras para vigilar el edificio de usos múltiples. «Empezamos hace muchos años, con unos índices de delincuencia bajísimos y seguimos así», cuenta González. Eso sí, hacen falta medios humanos de los que no todos los municipios disponen para estar al frente de esas grabaciones.
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