El volantazo del PSOE

Conviene detenerse en las declaraciones del representante socialista en la Comisión de Justicia, el diputado por la circunscripción de Murcia Juan Luis Soto , durante el debate parlamentario. Explicó el miembro del legislativo que compartía la opinión de que existió una posición de privilegio aunque «existen determinadas objeciones de seguridad y efectividad jurídica» que le impedían votar a favor de la propuesta, que exhortaba al Gobierno a la cancelación por las bravas de los asientos registrales realizados con certificado diocesano.

Es preciso realizar una comparativa entre lo que dijo el diputado socialista y lo que sostenía el mismo grupo parlamentario en 2014, cuando no gobernaba: «La apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia». Las palabras son de Juan Moscoso del Prado , entonces responsable de Economía.

La vicepresidenta Carmen Calvo, que llegó a formar parte del famoso comité de expertos nombrado por Isabel Ambrosio durante su paso por la Alcaldía de Córdoba, ha explicado las razones del cambio súbito de opinión de su partido. El Gobierno ha hecho público un listado de bienes y ahora toca que cada persona o entidad que se sienta agraviada realizar una acción judicial de reclamación.

Calvo ha asegurado en las últimas intervenciones que las primeras inscripciones registrales se hicieron con una norma que nunca se discutió estando en vigor (la inmatriculación del monumento cordobés se hizo con Calvo de ministra de Cultura) y que, en estos momentos, ni siquiera existe. Ha explicado también que hay una negociación abierta con Monseñor Omella , el presidente de la Conferencia Episcopal, para establecer «algún sistema de participación» en las decisiones que se adoptan sobre la Mezquita.

Nada ha dicho sobre reclamar la propiedad misma, probablemente, porque se estén negociando asuntos de mucha más enjundia como una revisión del régimen fiscal de las propiedades de la Iglesia Católica en España. Tampoco se ha dicho ni palabra sobre la pretensión de « gestión compartida » de la Mezquita, una tesis sobre la que el el PSOE insistió en una fase de esta polémica tan sostenida en el tiempo como hueca de acciones concretas.

De forma cándida, Unidas Podemos , que hay días que tiene un punto pagafantas, ha reclamado el cumplimiento del acuerdo de gobierno con el PSOE en el que se incluyó un párrafo deliberadamente abstracto sobre «modificaciones legales para facilitar la recuperación de bienes indebidamente inmatriculados».

La parte contratante de la primera parte, correcto. Cosa que el PSOE, como jefe de filas de la realpolitik , no tenía ninguna intención desde el primero momento de llevar a cabo salvo operación propagandística de la factoría de efectos especiales de la Moncloa. Llegados al momento de la izquierda en el Gobierno, «de los nuestros» que decían las criaturitas, resulta que del parto de los montes ha salido un ratón. Que es exactamente lo que se preveía.