Del triunfalismo a la búsqueda de responsables: así se vivió la riada de 2010 en Córdoba

En 2010 y hasta que volvieron al Gobierno central, las competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir recaían en la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta de Andalucía. Antonio Ramón Guinea , que ha sido hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ocupaba entonces el cargo de jefe de Infraestructuras y vivió de cerca los problemas generados por las lluvias de febrero de 2010, así como el episodio que meses después volvió a sacudir la provincia. Recuerda haber vivido aquellos días entre la preocupación lógica por lo que estaba ocurriendo y la absoluta confianza en el equipo de trabajo que le rodeaba. «Sabía que estábamos en buenas manos», afirma.

La coordinación fue total, pero defiende que los medios humanos, como las infraestructuras, llegan hasta donde llegan. Y según Guinea, pese a «cumplir todas las normas previas, hubo un momento en que no se pudo más». No solo llovía sobre los embalses, por lo que era difícil controlar las avenidas de agua. También los daños, sobre todo en fincas y en zonas en las que se había construido sin respetar la propia fisionomía del río. « La cuenca tiene un problema de erosión muy grave , y hay depósitos en algunas zonas importantes que ante fenómenos naturales como este causan problemas. Y había obras y construcciones -sigue habiéndolas- que no tenían que estar ahí , como viviendas en el propio cauce», lamenta.

Ha tenido una década para hacer balance de aquel difícil episodio y ahora defiende la gestión que se hizo en 2010 y que, recuerda, fue reconocida por instituciones. Afirma que la Confederación está preparada para responder adecuadamente si algo parecido vuelve a suceder. «En cierto modo, no hay forma de preverlo . Menos aún con los efectos del cambio climático. Tenemos la experiencia reciente de temporales como Gloria», afirma. En ese escenario de incertidumbre, el papel de la CHG debe ser « mantener operativas sus infraestructuras y estudiar formas de mejora», si bien admite cierta dificultad porque las obras hidráulicas son muy costosas. Aboga también por la revisión de las normas de explotación de los embalses , que guardan distinta cantidad de agua según la época del año y la posibilidad de precipitaciones. «Hay que tener en cuenta que los pantanos no solo sirven para laminar avenidas de agua. También para almacenar el agua para consumo, para regadío... Hay que mantener un equilibrio».

La exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio , ocupaba en 2010 el cargo de máxima representación de la Junta de Andalucía en la provincia. Las inundaciones de ese año fueron uno de los momentos más intensos que ha vivido como delegada del Gobierno y en toda su historia política. Una década después, aún recuerda «las noches de no dormir, en contacto continuo con los profesionales de emergencias» que, según su balance, aprobaron con nota el examen que les puso la crecida del Guadalquivir. «Llegó de forma imprevista: lluvias torrenciales, el cauce creciendo hasta desbordarse, creando situaciones complicadas en ciudades como Córdoba, atravesadas por el río», explica.

Aquella situación sobrevenida puso de manifiesto que los actores del plan de emergencias tenían todos engranajes bien engrasados: «Pese a la preocupación por lo que estaba pasando, sentí en todo momento la tranquilidad de estar rodeada de profesionales -protección civil, carreteras, sanitarios- que tenían ensayado cada paso, sabían el papel que debían desempeñar. Y aunque hubo numerosos daños materiales, algunos muy dolorosos en las viviendas de los afectados, no tuvimos que lamentar daños personales ni ninguna muerte».

Guarda un especial recuerdo del papel que tuvo la empresa pública Tragsa, que «se puso a disposición para achicar agua, hacer obras de urgencia, reparar caminos » para que los municipios afectados pudieran volver a la normalidad lo antes posible tras la tragedia. Considera que la experiencia supuso un profundo aprendizaje para la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que desde entonces se han hecho mejoras que permitirán mitigar los efectos de una posible situación similar. ¿Pudo evitarse? Ambrosio alude a un viejo dicho que ella aprendió en su familia, ligada al campo: « Cuando viene el agua, recupera sus escrituras . Y eso es lo que hizo en Córdoba, en Palma del Río o en Puente Genil: recuperar sus escrituras».

Después de que Córdoba sufriera la segunda inundación en un año, investigadores de la Universidad de Córdoba analizaron lo ocurrido en un informe que concluía que la tragedia sí se pudo haber evitado. Adolfo Peña y Juan Vicente Giráldez estaban al frente del Grupo de Investigación AGR-127 «Hidrología e Hidráulica Agrícola» y su investigación esgrime que si los efectos de la riada de febrero se hubieran atajado con diligencia, los daños de diciembre no habrían sido tan graves. Señalan que la acumulación de sedimentos provocada por las abundantes lluvias y las crecidas históricas de la primera parte de 2010 dificultó la circulación del agua, magnificando sus efectos. La catástrofe se podría haber paliado «si los cauces hubiesen estado limpios, pero no se habían mantenido en buen estado, llenos de sedimentos y otros obstáculos , no solo en los cauces, sino taponando en muchas ocasiones el paso del agua bajo los puentes».

Tras las inundaciones de diciembre se estudiaron las precipitaciones, los volúmenes de agua recibidos y desembalsados en los pantanos, y los investigadores concluyeron que los pronósticos meteorológicos de los días previos habían alertado sobre un riesgo de lluvias muy intensas con la antelación suficiente para prever lo que podía pasar y tomar medidas. El estado de los cauces como consecuencia de las riadas de febrero y el nivel de los pantanos podían suponer un problema si las nubes descargaban agua con fuerza sobre la provincia.

La patronal Asaja aglutinó fuerzas para llevar el asunto a los tribunales, con el informe pericial de los agrónomos de la Universidad de Córdoba como base científica, para exigir responsabilidades a la administración competente, que tal y como acabó resolviendo la Audiencia Nacional, era entonces la Junta de Andalucía . En su momento, el Gobierno andaluz negó la mayor, argumentando que lo sucedido no era culpa de la colmatacion de los cauces y que los ríos debían estar «naturalizados», pero acabó dándoles la razón con sus actos. En 2011, Agricultura invirtió 24 millones en proyectos de limpieza y restauración de cauces fluviales en toda la región para prevenir inundaciones. El actual Gobierno también ha anunciado planes en la misma dirección.

El caso lo llevó el despacho de abogados De la Riva, y en particular el letrado Fernando Albuixech , que logró indemnizaciones de más de 2 millones para 30 agricultores, aunque pudieron ser más. «Son una gota en el océano. Muchos se echaron atrás por el gasto que les suponía pagar abogados, procuradores o informes periciales», explica. Aún están pendientes de resolución tres casos que está llevando el juzgado cordobés, y que escaparon a las competencias de la Audiencia porque razones de la cuantía exigida por los demandante. El proceso tuvo que empezar de nuevo pero el abogado sostiene que la Audiencia Nacional ya sentó jurisdicción al respecto, afirmando que el Gobierno andaluz pudo poner medios para evitar el desastre que acabó sucediendo, en el que tuvo mucho que ver la gestión de los cauces y de los embalses que se hizo con posterioridad a las inundaciones de febrero. «Si hubiera sido por fuerza mayor, por un fenómeno natural incontenible , la Junta habría eludido su responsabilidad. Pero se determinó que las lluvias de diciembre no fueron torrenciales. Y que si causaron esos daños fue porque el cauce de ríos y arroyos estaba colmatado y porque la gestión de los embalses fue un desastre », afirma. La prueba del algodón, sostiene, es que las inundaciones de 1963 produjeron los mismos daños que las de 2010 con un 77 por ciento menos de agua.

Mantiene al día la documentación relativa a aquellos casos no solo porque le queden frentes abiertos, sino porque teme que la situación pueda volverse a repetir. Según los investigadores, hoy por hoy el problema no está, ni de lejos, solucionado. «Por el carácter progresivo de la sedimentación y la acumulación de rocas y troncos de árboles en los cauces, si no se procede a su limpieza, en un futuro no muy remoto, caudales de agua inferiores a los ocurridos en el mes de diciembre de 2010 darán lugar a inundaciones similares , incluso mayores si la capacidad de circulación de agua por los cauces sigue disminuyendo», afirman.