El tiempo de espera para valorar una discapacidad en Córdoba asciende a casi 8 meses

El tiempo medio de espera para recibir una valoración que sirva para acceder a las ayudas e ingresos para las personas con discapacidad siempre ha sido muy elevado, pero la pandemia agravó mucho más la situación. Según una respuesta de la Consejería de Igualdad en el Parlamento Andaluz a preguntas de Unidas Podemos, en el año 2021 (el último con datos disponibles) los afectados debían aguardar de media 231 días en la provincia de Córdoba para recibir una valoración completa .

Se incluye en el proceso los tres procedimientos asociados: valoración inicial, revisión de oficio y a instancias de parte. Es decir, se tardan casi ocho meses en terminar los estudios y análisis que permiten determinar el grado de discapacidad , necesario para acceder a todos los recursos disponibles necesarios.

Es mucho tiempo, pero está por debajo de la media andaluza, que se situó en 343 días, casi un año de espera, con provincias como Málaga en donde es necesario esperar casi dos años (619 días). Y eso que en 2021 se corrigió en parte la tremenda demora provocada por la pandemia , que elevó en la provincia de Córdoba el tiempo necesario hasta los 289 días (casi 10 meses) desde los 221 que había en el año 2019, antes de la crisis económica, social y sanitaria del Covid-19. Ahora se ha recuperado gran parte del tiempo perdido, pero los datos siguen estando por encima.

Para este año 2022 la Consejería de Salud no tiene una previsión aún de cuánto se podrá rebajar el tiempo de espera para valorar una discapacidad. En la misma respuesta parlamentaria, Igualdad aclara que «nuestro objetivo es rebajar cuanto podamos, en la medida de lo posible, el tiempo medio de valoración de grado . Es complejo establecer la previsión de tiempo medio para 2022 si tenemos en cuenta que muchas de las medidas que se están implementando están en fase inicial, avanzaremos previsión cuando tengamos esta implementación».

Los centros de valoraciónLa clave para conseguir reducir esa cifra está en los Centros de Valoración y Orientación , órganos competentes para la evaluación del grado de discapacidad, además de la información y asesoramiento a las familias en materia de recursos sociales. En algunos casos también tramitan las prestaciones sociales, como las pensiones no contributivas en los casos de una discapacidad superior al 33 por ciento ; o las pensiones por hijos menores a cargo de una persona.

Mejorar el funcionamiento de estos centros es el objetivo de la Consejería de Igualdad, y eso se puede hacer de dos formas básicas: por un lado, reforzando la plantilla de técnicos que se encargan de hacer las visitas y evaluaciones ; y por otro, reduciendo las tareas administrativas de esos trabajadores y simplificando los trámites. En definitiva, con menos burocracia. Aumentar las plantillas no es fácil debido a las limitaciones de las leyes que regulan la administración pública y por la necesidad de contar con presupuestos que incluyan esos gastos.

El delegado de Igualdad de la Junta en Córdoba, Antonio López, apunta que se han implantado planes de choque para contratar a personal de refuerzo debido al impacto de la pandemia. Ahora bien, esos planes son temporales y no pueden consolidar las plazas. Han servido para contratar a más técnicos durante nueve meses, pero la ley obliga a esperar el mismo tiempo para volver a hacer uso de los refuerzos.

Son, como su nombre indica, «planes de choque» que no solucionan el problema para siempre, aunque alivian la tensión de forma puntual. Por ello la vía para mejorar la situación de la evaluación de la discapacidad pasa por mejorar y acelerar los procedimientos.

En este sentido, la Consejería de Igualdad avanza las líneas de trabajo principales en su respuesta parlamentaria. A finales del año pasado entró en vigor un decreto de la Junta de Andalucía que regula los centros de valoración y se desarrolla el procedimiento estándar para estos casos. «Esta normativa va encaminada a la mejora en la organización de los centros , así como ha desarrollado el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad, dando un enfoque más práctico y acorde a los tiempos actuales», apunta la Consejería de Igualdad.

El delegado en Córdoba del organismo reconoce que «es cierto que en 2020, con todas las circunstancias que hubo, se produjo un colapso porque hay actuaciones que no se podían hacer telemáticamente, eran presenciales. Al no poder realizarse se fue produciendo un retraso que poco a poco se ha ido reduciendo con planes de choque y simplificación de los trámites». Pero todo eso son soluciones coyunturales a un problema estructural. Para acabar con los retrasos y disponer de una administración más ágil, se necesitan al menos dos importantes reformas legales , según avanza López.

En primer lugar, un decreto de simplificación de la administración que debe salir, según el delegado, de la Administración General del Estado, ya que «es de su competencia» . En segundo lugar, falta aprobar la Ley de Función Pública Andaluza, cuya tramitación parlamentaria quedó paralizada al arrancar el actual proceso electoral, según Antonio López, y que «tiene que ir aparejada de una modificación de la relación de puestos de trabajo» que en algunos casos es de los años 80.