El SAS ratifica la adjudicación del servicio de ambulancias en Córdoba

Aunque este servicio se adjudicó hace algo más de un año, los recursos y demandas del otro ofertante (Consorcio de Transporte Sanitario Terrestre) han ido paralizando su puesta en marcha hasta el punto de que la propia Junta de Andalucía llegó a suspender esa adjudicación hasta tanto se resolvieran los mismos.

Ha sido ahora, en una resolución del pasado 6 de mayo , cuando se ha ratificado en su decisión tras levantar dicha suspensión y reanuda un procedimiento que está a falta de la firma del correspondiente contrato y el inicio del mismo con la prestación del servicio a los miles de enfermos que a diario precisan del transporte por carretera a los diferentes centros hospitalarios. Fuentes de Salud cosultadas por ABC indican que todo ello se producirá «en unas semanas» .

En paralelo, y según ha podido saber ABC, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el primer recurso por la vía administrativa que el Consorcio de Transporte Sanitario presentó contra la adjudicación, lo que ha allanado el camino para que se retome de una vez la puesta en marcha del traslado de pacientes, un servicio que este consorcio venía prestando en tanto se regularizase la adjudicación del mismo.

Contra esa decisión del Alto Tribunal cabría nuevo recurso de reforma en la vía administrativa. En la penal, se han producido dos demandas , por un lado una primera ante el Juzgado de Instrucción número 3 por presunta corrupción entre particulares y administración desleal defendida por empresas del Consorcio que se han quedado fuera de la adjudicación contra las firmas ganadoras y su propio expresidente. Esta causa sigue abierta al igual que la investigación ordenada por la jueza titular.

A finales de 2021 también se registró otra contra la directora de la Plataforma de Contratación Sanitaria en Córdoba y que meses después acabó archivando el propio juez. Acusaban a este alto cargo de haber cometido un presunto delito de prevaricación y otro de fraude en la adjudicación por 62 millones de euros y cuatro años del transporte terrestre de pacientes del SAS en toda la provincia. Además solicitaban como medidas cautelares la suspensión de dicho contrato.

El magistrado desestimó a las primeras de cambio la reclamación de las medidas cautelares porque los demandantes pidieron la misma medida de suspensión en el otro procedimento abierto y en el que piden ambién la anulación del contrato. También se posicionó contrario a admitir que se hubiera producido un delito de prevaricación por la funcionaria.

«No estamos dispuestos a encajar en la figura delictiva que nos ocupa [prevaricación] cualquier posible desviación de la legalidad que no se nos presente como grosera , arbitraria o de todo punto injusta», alega el juez que insiste en que «no pretendemos suplantar a la jurisdicción contencioso-administrativa», señaló.