El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Córdoba recurra la sentencia del tanatorio

Del largo parlamento de Romero, quedan algunos elementos clave. El primero es que el anterior gobierno municipal siempre hizo lo que le dijeron los juristas de la casa que podía hacer. La segunda es que el juez del fallo no ha entendido que el tanatorio no era un tanatorio ya que se le había retirado el principal elemento de discusión, que era la zona de cremaciones. La tercera que no hubo irregularidades con la gestión de la licencia a pesar de que el fallo reconoce un hecho documentalmente probado: Urbanismo cambió un informe desfavorable por otro favorable con el método de modificar el funcionario firmante. El fallo lo establece claramente.

Romero explicó que el PP ya había valorado la creación de un tanatorio para el que se llegaron a realizar algunos diseños. Los populares ya han explicado que la situación se debatió en la etapa de José Antonio Nieto, por medio de la entrada de empresas privadas en el sistema general del cementerio de San Rafael. Nunca llegó a formalizar ese paso. No existió pliego de condiciones formalmente aprobado.

El edil socialista afirmó que todas las funerarias de la ciudad pidieron por escrito que Cecosam realizase ese proyecto salvo una, Tanatorios de Córdoba , que es la propietaria de los dos centros privados existentes y quien encabezó la oposición al proyecto alegando abuso de poder y competencia desleal. En realidad, TdCo es una agrupación de pymes que han ido formalizado como una empresa de larga tradición en la ciudad. El plan, reconoció Romero, era dar un servicio desde lo público contratando con estas empresas que no querían usar los tanatorios privados a un precio más reducido. En este punto, entraba el gran problema del proyecto: hacía competencia desde lo público a una firma privada en un sector desregulado con posibilidades ciertas de «dumping». Es decir, esas funerarias no se unían para invertir su propio dinero sino que el intermediario contratante era una empresa municipal.

Romero aseguró que todos los informes previos decían que era posible realizar ese proyecto en San Rafael . En concreto, el de la Gerencia de Urbanismo y el de la asesoría jurídica de Cecosam, que es un bufete privado. El PGOU estableció de forma tajante hace veinte años que los tanatorios han de construirse en suelo urbano. Es decir, en el campo. Romero reconoció que el anterior gobierno nunca tomó una decisión lógica: innovar el PGOU para permitir tanatorios sin cremación en el casco urbano. Con esa determinación, ahora no habría caso. La sentencia explica de forma pormenorizada por qué lo que se estaba haciendo era un tanatorio y no una sala anexa. El edificio era demasiado amplio y caro (más de un millón de euros de inversión) para ser una mera sala de servicios anexos al cementerio.

El concejal pidió al alcalde que no deje correr las sospechas de irregularidades sobre los técnicos porque no las hubo. La sentencia explica lo siguiente: « El informe desfavorable y el posterior favorable presentan vinculación en cuanto a sus demandas, si bien el segundo de ellos no está suscrito por el mismo técnico (ingeniero industrial) que emite el primero, aunque lo emite el director técnico del departamento, es decir, tal vez un superior». El exgerente de Cecosam redujo el informe a una cuestión meramente sectorial. La realidad es que con un dictamen desfavorable la licencia del edificio era inviable.