El PP pone sus condiciones «sociales» para apoyar las ordenanzas fiscales de Córdoba

La primera es un mecanismo de exenciones del IBI para «personas y colectivos en situación de riesgo social». Indicó que en 2016 en Málaga hubo un total de 7.770 beneficiarios (fundamentalmente pensionistas, parados, jóvenes o familias monoparentales) de esta medida, gracias a la que dejaron de pagar más de un millón. Las ayudas alcanzarían hasta el 50% del recibo de la contribución.

La segunda propuesta consiste en la declaración de insolvencia provisional para quienes no puedan pagar sus deudas con la Hacienda local. «Con dicha declaración se paralizarían los procedimientos ejecutivos y de apremio sobre sus débitos», expuso. Los beneficiarios se determinarían «de acuerdo con los Servicios Sociales».

Por último, demanda implantar una declaración para que los ciudadanos comuniquen que han vendido su casa con pérdidas y que, como determinó el Constitucional, no se les cobre el impuesto de la Plusvalía -Capitulares debería confirmar que en la transacción no hubo beneficio-. Bellido denunció que el Ayuntamiento no ha hecho nada para adaptarse a ese fallo judicial.

Por su parte, Unión Cordobesa (UCOR), en un comunicado, señaló que las ordenanzas fiscales presentadas por el bipartito «no son las mejores, pues no devuelven parte del esfuerzo que hemos hecho durante la larga crisis»

Por ello, proponen nueve modificaciones para reducir la presión fiscal y potenciar de esta forma la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. Entre ellas, está la «reducción del 0,5% de los dos principales recibos que tenemos los cordobeses, que son el IBI y el Impuesto de circulación, para todos aquellos ciudadanos que tengan un Plan Tributario Personalizado».

Plantea reducciones en el Impuesto sobre Vehículos (1%) o en la tasa de veladores (5%). UCOR solicita, dentro de su paquete de nueve enmiendas, igualmente la implantación de una bonificación de hasta el cien por cien de la tasa de basura para «todas las familias en riesgo de exclusión social ». Se trataría de extender el modelo de mínimo vital básico de Emacsa (empresa municipal de aguas), con «los mismos límites y condiciones».