Los polígonos industriales de Córdoba quieren instalar cámaras de vigilancia para reducir los robos

A priori, la de colocar cámaras como las que vigilan el tráfico en puntos estratégicos de los polígonos industriales puede parecer una petición realista y relativamente fácil de atender, pero la práctica es otra. El principal escollo no es económico ni logístico sino de carácter jurídico: la ley establece que la instalación de sistemas de videovigilancia tiene que pasar necesariamente por el filtro de una comisión de garantías presidida por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, en este caso el de Andalucía (TSJA), que dictamina dónde y cuántas cámaras se pueden colocar en la vía pública para registrar imágenes de los viandantes a partir de un informe técnico que debe elaborar la institución municipal.

Hay un precedente relativamente reciente en Granada , donde la comisión de garantías ha informado a favor y en contra de la instalación de cámaras en dos casos diferentes. En 2008 el TSJA rechazó que se instalaran en el centro comercial abierto del centro de la ciudad mientras que en 2016 aprobó el control mediante videovigilancia en el Albaicín granadino, una zona que estaba muy afectada por el vandalismo donde los enemigos del patrimonio se lo piensan ahora dos veces antes de sacar el spray o el rotulador. En Málaga ya hay cámaras controlando la zona histórica y el Ayuntamiento tiene previsto ampliar su número.

El problema de fondo es el conflicto entre los intereses de los solicitantes (en este caso, los empresarios) y el menoscabo a la intimidad de los ciudadanos que la instalación de cámaras puede producir. Sobre este asunto deberá dirimir la comisión de garantías en caso de que el Ayuntamiento de Córdoba atienda a la petición que realiza la Mesa de Polígonos de CECO, que también ha planteado una batería de medidas para las zonas industriales que pasan principalmente por mejorar las conexiones .