Piden cuatro años de cárcel para una excandidata del PP de Córdoba en otra pieza del caso ERE

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el objeto de este procedimiento son las «pólizas individuales», es decir, «pólizas de seguro de rentas temporales y/o capital diferido concertadas, sin causa justificada, a iniciativa» de Guerrero «en beneficio de personas físicas de su entorno cercano, cuatro personas en este caso (amigos y vecinos)».

Una de ellas es Cristina Ruiz Castillo , gerente de la Fundación para la Promoción del Minusválido ( Promi ) de Córdoba y que iba a concurrir como independiente en las listas de José Antonio Nieto a la Alcaldía en el año 2011, y finalmente fue retirada de la lista antes de celebrarse las elecciones.

Se le acusó de un delito de tráfico de influencias por mediar ante el exdirector general Javier Guerrero , con quien tenía amistad, para que su padre, Rafael Ruiz García , también imputado, cobrara una póliza falsa de prejubilado. Antes de los comicios, cuando se conoció su imputación, renunció a su puesto en las listas .

El Ministerio Fiscal ha reclamado para ella y otro de los beneficiarios de las pólizas cuatro años y cinco meses de prisión y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación . En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271,57 euros. La Fiscalía aplica en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.

Por su parte, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, seis meses de cárcel, tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1.388.685,94 euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227,89 euros.

De su lado, la acusación del PP-A también dirige su escrito contra los seis investigados y pide para el ex alto cargo de la Junta 7 años de cárcel y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, concurriendo en todos los casos la atenuante de dilaciones indebidas y en uno de los acusados, beneficiario de las pólizas, la atenuante de reparación del daño.