Las parcelaciones del entorno de Medina Azahara y su futuro, en el punto de mira

En la última década, los residentes en estas zonas han crecido casi un diez por ciento, especialmente en puntos diseminados y La Gorgoja, ya que Las Pitas ha mantenido casi el mismo número de habitantes en una década. La nueva ordenación urbanística que la Junta de Andalucía ha aprobado para adelantar servicios básicos no se puede aplicar, ya que prevalece la protección normativa del BIC y el Plan Especial.

Durante años, éste ha sido una caballo de batalla entre los parcelistas y las administraciones. El impacto visual del paisaje de Medina Azahara es uno de los valores más significados . Antes y ahora por la decisión del Icomos, que precisamente, en sus recomendaciones señala a las claras el riesgo de las parcelaciones, para las que pide un plan y cronograma para mitigar su efecte, así como que se bloquee la posibilidad de que los huecos que aún hay entre las parcelaciones se ocupen con más viviendas.

Hay que remontarse a 2009 para recordar los últimos movimientos públicos en torno al freno a este fenómeno, ya que desde entonces, y pese a que se ha puesto en marcha la candidatura de Medina Azahara, nada se ha hecho.

Se creó una oficina técnica para censar las viviendas ilegales existentes. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó un decreto que señalaba la declaración de interés social y utilidad pública de los terrenos sin viviendas en Las Pitas, Córdoba la Vieja y Gorgoja-II y expropiar estos huecos (hasta 29, especialmente en Las Pitas), no así viviendas. Y, finalmente, la promesa de la Junta de construir un gran parque público para casi esconder las viviendas y reducir su impacto.

Y es que la proliferación de primeras residencias, las escrituras públicas, el pago de impuestos a las arcas municipales o la fecha de edificación anterior a la ampliación del ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC), en julio de 2003, son argumentos que pesarán en las decisiones políticas.

Ahora, el aviso de la Unesco a través de sus consultores obliga a establecer medidas y plazos para reducir el impacto de las parcelaciones y a tomar decisiones políticas si se quiere contar con el visto bueno absoluto de la Unesco. Una disyuntiva candente.