Otro juez investiga a la responsable del órgano de contratación de Salud por las ambulancias de Córdoba

En un auto fechado este 8 de marzo de 2022 , y al que ha tenido acceso ABC , el juez admite a trámite la querella presentada por siete empresas que forman parte del Consorcio y en la que defienden que este cargo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) puede haber cometido un delito de prevaricación y otro de fraude-exacción legal en el procedimiento.

A juicio de los denunciantes, esta persona fue autora de un «trato de favor» hacia los nuevos adjudicatarios, «porque aceptó documentación con promesas de la adjudicataria y no cotejó la veracidad de la misma, por lo que se saltó el cauce procedimental establecido y evidenció así una clara responsabilidad penal ».

Los denunciantes sostienen que la directora de la Plataforma Logística emitió una notificación el 13 de enero de 2022 indicando que la nueva adjudicataria prestaría el servicio de transporte de enfermos por carretera a partir del 1 de marzo, y en la primera de las dos fechas citadas no tenía constancia documental de que la UTE ganadora del concurso disponía de los vehículos ni de la infraestructura necesarios para hacerse cargo de la prestación.

Los querellantes piden al juez en su denuncia que investigue a dicha persona y que cite como testigos a los representantes legales de Ambulancias Pasquau y SSGA , pero el titular de Instrucción 2 da un paso adelante y ha decidido también investigar a estos dos empresarios. Con la toma de declaraciones, indica el juez en su auto, pretende «resolver con carácter urgente sobre la medida cautelar» que piden los querellantes, que es la suspensión del contrato de las ambulancias.

Esta investigación de Instrucción 2 se suma a la de Instrucción 3 sobre el mismo caso, que avanzó ABC y que tiene su origen en una querella por corrupción entre particulares y administración desleal defendida por empresas del Consorcio que se han quedado fuera de la adjudicación contra las firmas ganadoras y su expresidente. Los argumentos de ambas denuncias penales son similares: insisten en que los concesionarios falsearon la documentación sobre sus sedes, y que una de ellas es en realidad una chatarrería .