La nueva Ley de Patrimonio estatal, una intervención sin consenso en Córdoba

Desde el punto de vista estrictamente legal, el abogado Manuel Fernández Poyatos cree que la reforma todavía tardará tiempo y asegura que en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados todavía podría sufrir modificaciones. Para él, hay puntos sorprendentes , porque el hecho de que el Gobierno actúe como instancia superior para decidir sobre el patrimonio es algo «recentralizador», y va en contra de lo que se ha hecho en España en las últimas décadas, cuando la mayor parte de las competencias han ido cayendo en manos de las comunidades autónomas.

Para el jurista, no se trata de algo negativo: «Sería bueno recuperar la centralización de las competencias y que la relación fuera entre Estado y los ámbitos supranacionales. El patrimonio histórico no puede seguir siendo contemplado con la definición de una comunidad autónoma».

Sí tiene varios reparos técnicos a la ley , que vienen dados por el hecho de que «los bienes de la Iglesia, en este texto, participan de características que sólo tienen los bienes del Estado». En concreto uno, que es el de la inalienabilidad , es decir, la incapacidad para enajenar las posesiones. Ya existía, dice el abogado, para los bienes muebles, y ahora sería también para los inmuebles. «La Constitución dice que el estado es aconfesional, pero obliga a colaborar con la Iglesia, no a ir en contra», recuerda. Por eso asegura que si se impone esa característica de los bienes del Estado, tienen que establecerse también otras dos: la inembargabilidad y la imprescriptiblidad . Es decir, esos bienes no se pueden conseguir nunca por usucapión.

La conclusión, para el abogado, es que, si la reforma de la ley se aprueba tal y como ahora está en el anteproyecto, r epercutirá mucho en la Mezquita-Catedral , quizá el principal objeto de deseo en Córdoba. «El problema es que la Administración puede hacerla la afectación en sentido positivo o mediante objeciones. Ahora se podrán hacer muchas y en el futuro pueden ser mayores», concluye el profesional del derecho, que recuerda además que los efectos pueden ser más generales.

Por ejemplo, el patrimonio de la Iglesia sigue siendo muy amplio. No habría problema en Córdoba capital, pero sí en lugares ya casi abandonados por la despoblación. «La Iglesia no puede atenderlos, pero tampoco abandonarlos», advierte Manuel Fernández Poyatos.

La visión de la Junta de Andalucía es bastante más crítica y también apunta a denunciar la recentralización. La viceconsejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Macarena O’Neill, insiste en que se trata de «una oportunidad perdida». « No podemos estar 35 años esperando una ley que nunca ha tenido que aplicar el Gobierno que la elaboró, porque la han aplicado y sufrido los ayuntamientos y comunidades», afirmó.

No cierra la puerta a una nueva ley que sirviera para «mejorar lo que no ha funcionado» , pero tiene claro que lo que se ha presentado no sirve, sobre todo porque «se ha hecho sin diálogo» con el resto de Administraciones que tienen ahora la tutela del patrimonio. Las comunidades autónomas, sobre todo, y también los ayuntamientos. Interviene en aquello que funciona y «pasa de puntillas sobre lo que tendría que haberse mejorado».

Lo que funciona es, por ejemplo, la Mezquita-Catedral , porque el Gobierno se reserva el derecho de crear un patronato que se haga cargo de los Bienes de Interés Mundial, que será una figura de nueva creación.

Coincide con el abogado en que, si el texto se aprueba tal y como está ahora, limitará mucho a la Iglesia y a la libertad de disposición de bienes , pero insiste en que la recentralización de las competencias no se entiende, ni por la tendencia del Estado en las últimas décadas a entregar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas, ni tampoco porque, a su juicio, «funcionaba bien» , sin demasiados problemas ni tensiones entre las Administraciones, o al menos que justificaran una ley que otorgara de nuevo poder al Estado como tercera instancia de tutela del patrimonio. «Si se ha dado algún conflicto, se ha resuelto en los tribunales», cuenta. Es más, se crearían nuevos organismos, lo que a su juicio supondría también una estructura más inefeciente y costosa.

Para ella es una oportunidad perdida, porque sí tenía que dar solución a muchos aspectos , ya no sólo en los monumentos, sino también en los conjuntos históricos. Lo que la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico no consigue, a su juicio, es aliviar a las personas que viven en entornos protegidos , y que se tienen que enfrentar a mucha burocracia para pequeñas obras en sus casas, aunque sea cambiar un cuarto de baño. Ahí está la Judería de Córdoba.

«Si los barrios antiguos han llegado a este tiempo es porque se ha permitido hacer compatible la vida con la realidad que toca vivir en cada siglo. Si no, se irán despoblando, y serán zonas para visitar mientras tengan protección. Se irán perdiendo y abandonando», resumió.

Entre los profesionales que tendrán que trabajar con esta ley están los arquitectos y alguien que conoce de cerca el patrimonio es Francisco Gómez Díaz , natural de Linares, pero establecido en Córdoba, donde ha realizado intervenciones como la de la sala Orive, que ha permitido el uso de una sacristía de Hernán Ruiz que quedó inacabada.

Sobre la recentralización se reconoce partidario de reservar el ámbito autonómico para los temas patrimoniales, «porque lo exige la singularidad de cada lugar», pero cree que en el ánimo de Gobierno pesa tener un listón superior. No se dice, pero es lo que este profesional interpreta del texto con que ahora está trabajando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Hay temas muy singulares en los que es bueno que haya legislación homogénea», afirma. Es decir, que por encima de las leyes que cada comunidad autónoma pueda tener, exista una norma superior que regule.

Sí puede tener efectos positivos en la posibilidad de atraer capital privado para la restauración con beneficios fiscales . Francisco Gómez Díaz es desde hace muchos años arquitecto conservador de la Catedral de Baeza y las intervenciones que se han realizado se han financiado siempre con fondos públicos. Esta ley podría suponer incorporar otras formas de conseguir dinero para bienes que no siempre tienen acceso a ellos.

«Es una manera de entender que el patrimonio es un concepto derivado de un consenso social . Puede representar a la sociedad que lo ha hecho posible incorporando elementos de identidad, y que eso conlleve una ayuda para su conservación», afirma el arquitecto. Con todo, no cree que la futura Ley de Patrimonio vaya a afectar sobremanera a su trabajo : «No cambia tanto los mecanismos y lo que hace es incorporar nuevas formas de patrimonio».

Algo parecido piensa Francisco Carmona, secretario general de Construcor , la asociación de constructores de Córdoba, y que habla sobre todo de cómo afecta al Casco Histórico, que tiene la consideración de Patrimonio Mundial desde 1994 como apliación del que se otorgó a la Mezquita-Catedral. «Córdoba tiene un Plan Especial de Protección del Casco Histórico con determinaciones muy concretas en sus distintas áreas , sobre las condiciones y premisas de conservación con las que hay que actuar», explica.

En lo arqueológico, también el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene una delimitación por zonas donde establece unas exigencias sobre excavaciones arqueológicas , el número en función de la superficie, su superficie. Todo está bastante legislado, entonces, así que no debería cambiar.

Sí afectaría en lugares en los que e l patrimonio histórico o artístico haya crecido o se haya descubierto en estos últimos años, pero no es el caso de Córdoba, ni de otros puntos de la provincia que ya tienen desarrollada la protección patrimonial desde hace muchos tiempo.

Tras haber estudiado el anteproyecto, Francisco Carmona coincide con los demás en que la nueva figura para la gestión del patrimonio s í puede crear controversias entre las distintas Administraciones que hasta ahora habían ejercido este control y que con el nuevo texto tendrían por encima al Estado. «Ahí sí puede estar lo más polémico». Ya se han anunciado alegaciones de la Junta y la Iglesia para un texto al que todavía queda mucho debate en las Cortes Generales y en los despachos.