Más de un millón de metros cuadrados de parcelas quedarán fuera del decreto de la Junta en Córdoba

El problema es que dicha AFO solo es posible cuando son casas anteriores a 1975 o, la clave de este asunto, cuando es una casa sin licencia sobre la que ya no se pueden tomar medidas de derribo en suelo urbano y o urbanizable. Lo habitual es excluir a las que se encuentran en suelo de especial protección pero este paquete de viviendas -un máximo de 700, según los estándares asignados- no se encuentran ni en zona inundable, ni en Medina Azahara , ni en la parte protegida de la sierra. Están en suelo no urbano común. En concreto, en los bordes de parcelaciones oficialmente reconocidas como legalizables en la zona de Poniente .

El PGOU estableció en 2001 y 2003 un catálogo de zonas legalizables en lo que se conoció como «ley de punto y final». En realidad, fue de punto y seguido porque, mientras avanzaban los papeles, seguían realizándose viviendas en los bordes exteriores de las zonas señaladas como legalizables. Eso significaba que en una misma calle había parcelas legalizables y no legalizables a pesar de estar una junto a la otra. Urbanismo optó por redefinir los bordes de los planes parciales de parcelaciones de Poniente : Candilejas y Sur del Camino de las Abejorreras, Camino de la Alameda, El Cubetero y Cuesta Blanquilla; La Florida; Lagunas 2; Ampliación El Castillo; El Aljarafe; Ampliación Barquera Norte; Paso de la Barquera y Llanos del Altázar.

El proyecto arrancó en 2007 -fecha de la aprobación inicial- y aún hoy sigue sin estar aprobado definitivamente. El plan urbanístico perseguía dar posibilidades de legalización a una foto lo más fiel posible de la realidad. Cuando todo estaba previsto, la Dirección General de Urbanismo de la Junta decidió en 2012 parar el reloj con un informe negativo que obligaba a la Gerencia a establecer nuevos criterios y cambios en el expediente. Sin que haya existido nunca una explica razonada, Urbanismo nunca elevó la innovación a aprobación definitiva.

El caso es que la Declaración de Impacto Ambiental de esta ampliación de parcelaciones, que fija una densidad de siete viviendas por hectárea, data del año 2011. Y este tipo de permisos no se consiguen sin plazo. El exdelegado de Medio Ambiente Luis Rey publicó el 18 de julio de ese año las condiciones ambientales en que era viable el desarrollo de ese plan urbanístico de extensión de la zona legalizable.

Según la legislación que en ese momento estaba vigente, la Declaración de Impacto Ambiental tenía una vigencia de cuatro años de forma ordinaria. Si el proyecto no se ponía en marcha, por la razón que fuese, el solicitante, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba , tendría que haber pedido una prórroga de la vigencia con el objetivo de que se extiendese ese plazo en el tiempo. La ley asegura que el plazo máximo para evitar la caducidad es de dos años. A partir de ese tiempo, no hay prórroga posible. Los seis años máximo que otorga la legislación en esta materia concluyeron el 18 de julio de 2017. No existe constancia en boletines oficiales o zonas de transparencia de las administraciones públicas que la Gerencia de Urbanismo hubiese pedido la extensión de la vigencia. Aunque lo hubiese hecho, ya se ha cumplido sobradamente el plazo máximo. La conclusión es que Urbanismo va a tener que montar un nuevo expediente ambiental para poder contar con esas parcelaciones como parte de la ciudad.