Más del 80 por ciento de las personas desaparecidas en Córdoba son menores de edad

De ellos, más del 80 por ciento (87), son menores de edad, en gran medida, extranjeros. Y es que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con con fugas de centros de reforma o de menores no acompañados.

Tanto las fuerzas de seguridad, organismos internacionales y diversas ONGs señalan que los menores no acompañados ( Menas ) que entran irregularmente en la UE a través de países como España, Italia o Grecia tienden a desplazarse voluntariamente , en un corto periodo de tiempo, a otros países como Alemania o Suecia, donde frecuentemente les esperan familiares. Esto supone un problema diferenciado del marco de las «desapariciones» por su especial casuística, su enorme número y por el hecho de que estos menores se ponen fuera de la capacidad de acción de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, según apunta el informe del Cndes.

Córdoba no está entre las provincias españolas con más desapariciones: se sitúan (en base a los datos del año pasado) entre 11 y 15 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, son Cádiz, Granada y Almería las que tienen un índice superior a nivel regional, con unos 30 por cada 100.000 habitantes (cuentan en sus localidades con centros de acogida de menores).

Por lo general, según el Cndes, la resolución de las desapariciones suele ser rápida. Casi el 74% del total de denuncias cesadas durante 2019 se finalizaron dentro de los 14 días posteriores a perderse la pista de la persona en cuestión (cómputo nacional que puede extrapolarse a la provincia cordobesa). Un menor porcentaje se esclarecen entre los 15 a 30 días, sin embargo existen casos se prologan en el tiempo, llegando a ser superiores al mes para localizar a la persona desaparecida (más del 18%).

Un ejemplo de ello es el caso de Fuensanta Roldán , que tenía 73 años cuando fue vista por última vez, el 30 de enero de 2014 . Una cámara de seguridad de la calle San Fernando la grabó caminando en dirección al río de madrugada. Desde entonces, nada se ha sabido de esta mujer. Las batidas y rastreos que la Policía Nacional llevó a cabo en su día fueron totalmente infructuosos. Se llegó a utilizar incluso un helicóptero que sobrevoló el Guadalquivir, pero nada.

Acerca de los datos que aportó en su día la familia de la desaparecida sobre su aspecto físico y su vestimenta, estos se refirieron a una mujer de 1,65 metros de altura, cabello negro ondulado y recogido, y que suele vestir ropa de color oscuro. La denuncia que sus familiares interpusieron el jueves 30 de enero de 2014 también añadía que esta persona no sufría ningún tipo de enfermedad que precise medicación o que pueda justificar la ausencia de su domicilio.

«Del total de casos que se conoce el tipo de cese, la inmensa mayoría de los mismos (90%) se debe a un reintegro voluntario –ya sea al hogar familiar o al centro de acogida–, cese de la denuncia por el denunciante tras comprobar la situación del desaparecido, o casos en los que las Fuerzas de Seguridad verifican que el “desaparecido” lo ha hecho de forma voluntaria, es decir ha decidido por cualquier razón romper el contacto con familiares y/o amigos», recoge el informe.

Tal y como apunta el informe anual, en un 3,60% de los casos son las FCSE las que localizan al desaparecido con vida ; en un 2,23%, la persona desaparecida se encuentra en centros hospitalarios o psiquiátricos; en 1,51% se trata de personas que están detenidas o se encuentran en prisión. Finalmente, un 1,54% de los casos se encuentra al desaparecido fallecido.

Pero la esperanza es lo último que se pierde. En esa búsqueda incesante se encuentran los padres del joven cordobés Paco Molina , que lleva ya más de cuatro años en paradero desconocido (desde julio de 2015). La pesquisas policiales ya ha abordado varias líneas de acción; la última se centró en la investigación de dos varones de mediana edad en Córdoba, así como el entorno en el que se movía Paco antes de su desaparición vinculado, al parecer, con grupos ultras de fútbol.

La secuencia habitual en los casos de desapariciones suele arrancar con una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que son los que incorporan estas demandas de forma automática a la Base de Datos de Personas Desparecidas y Restos Humanos Sin Identificar , dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Ante los datos de la denuncia se realiza una primera valoración sobre si puede considerarse «inquietante» o de «riesgo» , para lo cual se analizan las circunstancias de la misma, antecedentes o no de la personas, respecto a desapariciones anteriores, tratamientos médicos o psiquiátricos, consumo de drogas o medicamentos, precedentes de intentos de suicidio, amenazas o agresiones sufridas con anterioridad, entre otras cuestiones.

Actuar con rapidez, sobre todo, las primeras horas, puede ser determinante, ya que permiten extremar las medidas y obtener indicios para encontrar al desaparecido. Entre otras cosas, porque es posible que éste aún se encuentre cerca del hogar o del lugar en el que fue visto por última vez, y porque en esa inmediatez se va a poder asegurar la obtención de pruebas e indicios, y obtener testimonios recientes.

Después de la denuncia está la fase de investigación, en la que se realizan contactos con familiares y amigos, estudio de bases de datos policiales y otras externas (como por ejemplo hospitales y gestoras de tarjetas bancarias) y hospederías. Además, puede solicitarse intervención telefónica , total o parcial, y se lleva a cabo una búsqueda de información en el entorno o zona de desaparición (se suele recurrir a cámaras de vídeo vigilancia de establecimientos, cajeros, etc…).

El trabajo de campo es fundamental. Cuando, por ejemplo, la persona desaparecida en cuestión presenta falta de autonomía, se realizan rastreos con el apoyo de unidades caninas y con la ayuda de voluntarios para batir amplias zonas. Cuando las gestiones iniciales no dan resultado, de forma periódica se repiten todos los pasos y se realizan difusiones recordatorio en las plantillas policiales limítrofes.