Brote Covid Mallorca | Un grupo de familias de Córdoba denuncia por lo penal al Gobierno balear

Los jóvenes viajaron a la isla previa realización de una prueba Covid de control que ofreció resultados negativos en todos los casos. Ese test se realizó el día 21 de este mes. Con posterioridad, el día 26, fueron sometidos a una segunda prueba que volvió a dar negativa. Aún así, fueron conducidos desde donde se encontraban hasta las instalaciones del Palma Bellver convertido en un macrocentro de contención. La última información de que disponen las familias es que se les realizará una nueva prueba el día 3 de julio y que, en virtud de los resultados, se tomará una decisión.

La denuncia explica que ayer, día 27, se les comunicó a todos ellos por medio de un mensaje de Whatsapp una resolución en el que se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial. Esa resolución iba acompañada de dos anexos con los jóvenes que estaban incluidos en esa orden forzosa. La denuncia explica que ninguno de los diez jóvenes del instituto cordobés estaba incluido en este anexo.

La denuncia afirma que no existe ninguna base legal , dado que no estaban en esa relación, para que fueran obligados a abandonar el pasado 25 de junio el hotel donde se encontraban. La primera información que se les proporcionó es que era una medida cautelar voluntaria para los chicos. En ese momento, dice el escrito al que ha tenido acceso ABC, fueron acompañados en ambulancia hasta el hotel medicalizado y custodiados por la Policía, situación en la que se encuentran hasta este momento.

En esas circunstancias, explica la denuncia las familias, se ha vulnerado la buena fe de los chicos, que colaboraron en todo momento con las autoridades, convirtiendo un acompañamiento voluntario cautelar en una retención indebida por agentes de la seguridad del Estado. La denuncia recalca que todas las pruebas que le han sido realizadas a los chicos ha resultado negativa y que ello coincide con las requeridas por el Gobierno balear para viajar hasta las islas.

La denuncia entiende que se está cometiendo un presunto delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos renocidos por la Constitución y las leyes. Es decir, el artículo 542 del Código Penal . Implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado. La denuncia ha incluido un apartado (un otrosí, en términos jurídicos) en los que pide al juzgado que ordene de forma directa la autorización para abandonar el hotel medicalizado dado que ninguno de los jóvenes está incluido en la relación de personas supuestamente afectadas por el brote o que se consideran contactos estrechos. Pide también que se les faciliten los medios para volver a casa.