La Junta valora la incorporación de un nuevo Juzgado de lo Social y los avances en la sede de Lucena

En una entrevista con Europa Press, la delegada territorial resalta que «afortunadamente se va a contar con un nuevo Juzgado de lo Social, que es una de las ramas que ya estaba bastante colapsada y que después de los acontecimientos por el Covid y de cómo se ha quedado el ámbito laboral, todavía está peor».

Por tanto, confiesa que se alegra «muchísimo», porque «es totalmente necesario para Córdoba», a lo que apostilla que «otro órgano judicial es como agua de mayo para la justicia en Córdoba».

En concreto, el día 1 de octubre entrará en funcionamiento el nuevo Juzgado de lo Social número 5, cuya puesta en marcha supondrá una inversión de 70.596,81 euros, según ha informado el Gobierno andaluz recientemente.

Y sobre Lucena, Joyera explica que se ha reunido con «Cota cero» , «un colectivo de defensa de la accesibilidad , para abordar esta situación en la nueva sede judicial», junto al director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes .

Según comenta, «el proyecto ya se entregó después de los inconvenientes y vicisitudes encontradas con el Ayuntamiento, porque hubo que subsanar el proyecto anterior», si bien «ya se redactó el proyecto definitivo, el Pleno lo aprobó y se entregó definitivamente a la Consejería de Justicia, que lo está revisando».

Al respecto, asegura que «en breve se terminará de revisar y si todo va conforme a lo previsto, se procederá a su licitación para su ejecución».

«Aunque las circunstancias están siendo duras para todas las administraciones después de todo lo que ha pasado, sigue siendo una prioridad para la Consejería de Justicia de la Junta la construcción de la sede judicial de Lucena y hay muchas ganas de verla funcionar», enfatiza.

Entretanto, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a invertir 645.501,05 euros en la provincia dentro de un Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia , con objeto de paliar las deficiencias producidas en la misma como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Este paquete de medidas se pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque en algunos casos podría prorrogarse. Se trata del plan de choque más importante que ha impulsado la Junta de Andalucía en la Administración de Justicia, según destacó recientemente el vicepresidente andaluz y consejero de Justicia, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

«Con este plan pretendemos cubrir las necesidades generadas durante esta crisis en las jurisdicciones más afectadas», agregó Marín, quien indicó que «nos anticipamos, como siempre hace este Gobierno, para asumir el incremento de entrada de asuntos que se espera como consecuencia de la pandemia y reducir los plazos de resolución».

El plan especial contempla actuaciones en las jurisdicciones Social y Mercantil con medidas de auto refuerzo. El personal destinado en el propio órgano percibirá una retribución extraordinaria por su participación en un programa concreto de actuación por objetivos.

La participación en esta medida es voluntaria para el personal que acuda presencialmente a su puesto de trabajo. En el caso de que hubiera más participantes seleccionados de los máximos establecidos, participarán por turnos mensuales rotatorios.

Este plan de auto refuerzo también se aplicará en los juzgados con competencias en Penal, Familia y Primera Instancia. Este equipo de personas realizará los servicios extraordinarios durante tres horas al día y tres días a la semana. La participación también será voluntaria para el personal que acuda presencialmente a su puesto de trabajo.

En la provincia serán un total de 70 funcionarios los que se puedan acoger a esta medida -24 gestores, 24 tramitadores y 22 auxilios judiciales-, con un presupuesto de 445.597,21 euros.

Otra de las líneas del plan de choque será la puesta en marcha de medidas de refuerzo en la plantilla de auxilio judicial con dos interinos, para lo que se han destinado 21.193,38 euros.

La dinámica del funcionamiento del servicio público de justicia ha puesto de manifiesto la necesidad de articular y fijar un mecanismo que venga a paliar las graves dificultades en las que se encuentran determinados órganos judiciales cuando se producen ausencias de corta duración del personal de auxilio judicial.

Además, se establece un refuerzo extraordinario en los juzgados mixtos. Se entiende necesario reforzar algunos órganos judiciales que previamente a la situación de crisis sanitaria ya sufrían una situación de sobrecarga laboral. En la provincia serán contratados cinco tramitadores con una inversión de 102.740,65 euros.