El juicio por la trama de la venta de coches de alta gama robados de Peñarroya arranca el 11 de diciembre

Fuentes judiciales han indicacado a ABC que la vista podría prolongarse hasta el mes de febrero para lo que se han señalado la jornada del 11 de diciembre y dos sesiones semanales durante el mes de enero y febrero, pero todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el juicio en el que interviene gran número de acusados, testigos, perjudicados y sus correspondientes defensas.

La Fiscalía pide penas de prisión -entre los dos años y los tres meses- para esta trama organizada que se sentará en el banquillo después de una operación policial de gran envergadura que obligó a la coordinación policial de varios países en los que operaban.

Las investigaciones que desembocaron en este proceso judicial se iniciaron en mayo de 2013 , en la denominada «Operación Borrico» por el Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico del Subsector de Tráfico, tras detectarse un vehículo de alta gama, concretamente un Ranger Rover, modelo Evoque, que circulaba con matrícula italiana sobre soporte español y que presentaba el número de bastidor troquelado.

Tras dos fases de la investigación hubo una veintena de arrestados . Ahora, la Fiscalía de Córdoba ha elevado las acusaciones contra este grupo criminal y ha establecido a los acusados en tres escalones de responsabilidad. El primero lo conforman dos hermanos cabecillas del entramado, J. R. y T. R., ambos cordobeses.

Estas personas adquirían vehículos procedentes de Italia, conociendo que eran robados, les cambiaban las matrículas, les retocaban los bastidores y los introducían en España para proceder a su venta.

En su haber tenían desde Land Rover, Porsche, Alfa Romeo y algún Opel pero en su mayoría trabajaban con coches de alta gama, hasta 48 con precios que ahora ( seis años más tarde ) están tasados entre los 11.000 y los 20.000 euros.

En un segundo escalón había un grupo de personas que colaboraban o formaban parte de la organización y que trabajan directamente con estas dos personas, mientras un tercer grupo facilitaba la importación poniéndolos a su nombre, pero no tenían más participación más allá de ser utilizados de testaferros en la organización. Por prestar ese servicio de pantalla obtenían unos beneficios económicos, según han informado a ABC fuentes de la Fiscalía de Córdoba.