La juez procesa al exalcalde socialista de Benamejí por prevaricación y malversación

Las noticias para Ropero no son buenas porque, de los dos delitos, uno conlleva penas de cárcel . La prevaricación es la adopción de medidas injustas a sabiendas que suelen generar penas de inhabilitación de cargo público. Ropero presentó su d imisión por «motivos personales» en enero de 2014. La malversación implica gestionar de forma indebida el dinero público. Y a Ropero le correspondería un tipo agravado por las cantidades que percibió indebidamente como dietas. Entre los años 2002 y 2012, se le han contabilizado cerca de 50.000 euros en cantidades que cobraba, presuntamente, con conceptos erróneos.

La jueza ha detectado durante la investigación que toda la documentación se realizaba mediante instancias administrativas incorrectas y por cantidades erróneas que no tienen que ver con lo que marcan los decretos que regulan esta cuestión para los altos cargos. Ropero estuvo 22 años de alcalde de Benamejí . En el Ayuntamiento se percibieron más cantidades y por más personas de forma errónea aunque no por cuantías similares. Ropero es el único procesado en un sumario en el que ejercen la acusación el Partido Andalucista e Izquierda Unida .

El escándalo saltó a la palestra pública en septiembre de 2012 con la denuncia de IU sobre los elevados gastos en dietas del exalcalde, que en un primer momento se escudó en un «error administrativo» en los formularios. Tras la polémica generada, el Pleno del Ayuntamiento de Benamejí acordó crear una comisión de investigación para analizar las irregularidades y ante el compromiso de Ropero de devolver hasta el último euro cobrado indebidamente.

Fruto de esa investigación interna fue que el alcalde cobró más de 95.000 euros por cantidades que llegaban a triplicar lo establecido. Ante estas conclusiones, el exalcalde socialista fue instado a devolver 49.800 euros que, según el cruce de las facturas presentadas, y con la ley en la mano, había cobrado de forma indebida. El resultado de la comisión de investigación arrojó también que las prácticas irregulares de cobrar dietas por encima del valor que fijaba la ley siguió realizándose a partir de 2009, fecha en la que el regidor dijo que se subsanó el error por el que se computaban mal el valor real de las indemnizaciones a las que tienen derecho los cargos públicos en el desarrollo de su función, principalmente alojamientos o comida.