El juez condena a la familia Pérez Giménez a pagar más de 15 millones por la gestión en los laboratorios

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el juez considera probado que hubo dinero negro en la gestión de la farmacéutica, además de salida fraudulenta de bienes , inexactitud grave en la presentación de documentos y demora en la solicitud de concurso.

Por ese motivo inhabilita a los citados administradores y anteriores propietarios de la farmacéutica, y además también condena de forma solidaria a cuatro miembros de la familia Pérez Giménez a indemnizar a la masa activa (acreedores) del concurso en 361.456 euros.

Además, obliga a Diego Pérez Giménez SA y a los cuatro miembros de la familia propietaria a abonar el 40 por ciento de las cantidades totales debidas a los acreedores tras concluir la fase de liquidación del concurso de la farmacéutica, que podría situarse entre 15 y 18 millones de euros.

En la sentencia, que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Córdoba, se señala que el manejo de dinero negro «admite pocas dudas», pues «los propios empleados de la concursada y el presidente del comité de empresa » reconocieron «que eso lo sabía todo el mundo, y no solo eso, sino que todo el mundo cobraba en ocasiones en negro ».

De igual forma, el juez estima que «ha quedado más que acreditado que hubo reparto de dinero negro entre todos los empleados de los laboratorios, unos más y otros menos», y también que «la propiedad sacaba importantes cantidades de ese dinero no declarado ».

El fallo de la declaración de culpabilidad del concurso se produce dos años después de que la empresa Pharmex adquiriera Laboratorios Pérez Giménez, después de tres subastas en un complicado concurso de acreedores que llevó a la firma a la liquidación.

En la actualidad, Pharmex ha retomado su actividad en Almodóvar del Río , tras recibir la autorización de la Agencia Española de Medicamentos , y ha iniciado la fabricación de medicamentos tras acometer una inversión de diez millones de euros para la puesta a punto de la actividad, junto a los 9,5 millones que pagó por hacerse con las instalaciones.